Leyes secretas en Chile

SEÑOR DIRECTOR

Cada cierto tiempo nos sorprendemos por la noticia de una nueva ley secreta que se aplica en Chile. En estos días fue el turno de la Ley N°18.172, de 1982, que define las condiciones de uso de la casa del comandante en jefe del Ejército, según señaló su abogado, y, a pesar de que no podemos conocer lo que manda, prohíbe o permite, es impetrada por quienes sí tienen ese “honor” para requerir algún beneficio.

La memoria nos remonta a la mítica Ley N°13.196, reservada del cobre, que primero fue incorporada en el Diario Oficial en 2016, a través de la Ley N°20.977, terminando con una reserva que duró casi 60 años, y luego derogada en 2019 por la Ley N°21.174, que estableció un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, superando con ello el privilegio de financiamiento directo del 10% de las ventas de Codelco.

No obstante lo trascendental de este hito histórico, aún persisten en el ordenamiento jurídico 200 leyes que tienen el carácter de secretas, dictadas entre los años 1900 y 1998. A nadie parece preocuparle su existencia y, menos, asumir la revisión y posterior publicación o derogación de las mismas.

En un estado democrático de derecho, en el que son públicos los actos de los órganos del Estado, este tipo de “secretos”, que no pueden ser conocidos por quienes se encuentran sometidos a sus designios, ponen en duda la seguridad jurídica y resultan contrarios al escrutinio público.

Ayer asumieron las autoridades responsables del nuevo gobierno y del Congreso; en sus manos está la tarea de proteger la democracia y de terminar con estos espacios de opacidad que tanto daño le han hecho a nuestro país.

Andrea Ruiz Rosas

Abogada y profesora de Derecho Administrativo