Por Rafael Rosell, rector de la Universidad Pedro de Valdivia, y Karen Marón, analista en Geopolítica y miembro de CARI. DART CENTER. CAECOPAZ.
Con la decisión de extender la cuarentena hasta 7 de junio, el gobierno libanés accedió a la recomendación del Consejo Superior de Defensa, ante el aumento de las infecciones de COVID-19. Por tal rebrote, las autoridades bloquearon tres pueblos donde se detectaron los focos de contagio. La decisión fue tomada en medio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de obtener un préstamo de 10 mil millones de dólares, que genera una gran desconfianza en la población.
“Estamos profundamente preocupados por el rebrote de la violencia que ha surgido en el Líbano, llevándose la vida de un manifestante y dejando decenas de civiles y agentes de las fuerzas de seguridad heridos” Estas fueron las declaraciones de Rupert Colville, el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras los disturbios registrados días atrás, en la ciudad de Trípoli-ubicada a 85 kilómetros de Beirut, capital del país- escenario de una ola de protestas por el empeoramiento de la situación económica.
Colville, se refiere a la muerte de Fawas Fouad de 26 años, tras recibir un disparo durante una protesta en la norteña ciudad de Trípoli y cuyo cuerpo fue despedido en la plaza Al Nur, epicentro de las protestas.
Aunque desde octubre pasado miles de personas salieron a las calles para denunciar la situación económica, social y política del país -como así también la corrupción de los diversos partidos políticos en el poder durante décadas- la revuelta actual parece marcar una evolución hacia una forma de radicalismo, mutando a una marcada participación de jóvenes, hombres y mujeres, que exhibieron un inusual grado de violencia donde convivieron las piedras con los cócteles molotov y los palos de madera con los gases lacrimógenos. Por otro lado, las Fuerzas Armadas Libanesas se encuentran bajo la escrutadora lupa de una investigación, tendiente a determinar la existencia de violaciones en la proporcionalidad que debe existir en el uso de la fuerza.
La golpeada economía debe enfrentar una disparada de los precios en un 55 por ciento- con una moneda ligada desde 1997 al dólar- y semanas de caída de la libra libanesa que relega a casi la mitad de los 6 millones de ciudadanos bajo el umbral de la pobreza, en la que fuera considerada la París de Medio Oriente.
Paradójicamente hoy se encuentra atravesando una situación que restringe extracciones bancarias, transferencias de divisas y la imperiosa necesidad de un plan de rescate económico, sobre el cual se basará para negociar con acreedores de una deuda externa, superior a los 90 mil millones de dólares.
Con una política de salud pública inexistente, deficiencias en los sistemas de protección social, el peligro de aumento de contagiados y el confinamiento, profundiza una pobreza inaudita. El ministro de Asuntos Sociales, Ramzi Mousharafieh, estima que el 75 por ciento de la población necesita ayuda.
Ya en el 2018, Líbano recibió el informe de la agencia McKenzy & Company con sugerencias para salir de la crisis económica y recomendó especialmente tomar medidas contra la corrupción.
Una corrupción que se basa en un sistema libanés particular, porque el poder no está concentrado en manos de un dirigente, sino en una clase política representada en el Parlamento y en el Gobierno que administra la cosa pública a través de componendas, según sus respectivos intereses.
Pero esta crisis no surge espontáneamente, siempre subyacen factores de larga data y algunos hechos las profundizan aún más. Cabe recordar que Líbano- con una superficie de 10.450 km²- es uno de los países que ha recibido más refugiados desde los inicios del conflicto en Siria en 2011 y que estos refugiados se encuentran entre los sectores más vulnerables y expuestos al virus. El gobierno y la sociedad libanesa han pedido ayuda a una comunidad internacional casi insensible al drama de los refugiados y se hundió aún más en la crisis.
Además de la crisis humanitaria que implica sustentar a 2 millones de refugiados sirios, existe una amenaza permanente de grupos terroristas, como sucede con el Frente Al Nusra y el DAESH, expulsados masivamente del país en la denominada Batalla de Arsal de 2017.
Por otra parte, la influencia de Arabia Saudita e Irán y su histórica rivalidad amenazan con desestabilizar la región con Líbano como uno de puntos focales. El poder de Hezboallah (Partido de Dios) se acrecienta día a día -una organización creada, financiada y direccionada con objetivos diversos por Irán- con un brazo político y representación en el Parlamento y otro primigenio como es su brazo militar. Un tema que no es menor para Líbano, ya que Hezboallah está incluido en la lista de terroristas por algunos estados, prohibidas sus actividades en Alemania y acusado de operar como un “estado dentro de un estado”. Su brazo armado es más poderoso que el Ejército libanés y lidera un bloque que domina el gabinete, mientras que la experiencia militar se ha maximizado al involucrarse en las guerras en Siria e Irak.
Estos vectores y su frontera al sur con Israel, lo sitúan en un margen de vulnerabilidad mayor. Naciones Unidas denuncia y condena las violaciones diarias de los israelíes al espacio aéreo del Líbano y reclama el “cese inmediato” de esos vuelos, registrándose 550 transgresiones aéreas que fueron realizadas mediante drones. Estas violaciones infringen la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prevista para resolver el conflicto de 2006 entre Israel y Líbano.
Es por todo ello que Líbano en la actualidad es un país muy vulnerable, pero sigue enarbolando su espíritu de resiliencia demostrado a través de la historia. Quizás con COVID-19 y posibilidad de default incluido, pueda seguir siendo el llamado Ave Fénix del Mediterráneo.
