Libertad de enseñanza: a la orden del día

El viernes pasado el Instituto Nacional, luego de someter a votación a la comunidad escolar, decidió que se mantendría como un colegio sólo para hombres, dejando de lado la posibilidad de convertirse en mixto. Un resultado que no ha estado exento de críticas. Tanto la opción definida como la forma en que se llevó a cabo el proceso, han causado molestia.

El debate derivó en una cuestión de fondo. ¿Quién tiene el derecho preferente de educar en la educación pública? ¿El Estado o los padres? Aquellos que se inclinan por la primera opción insisten en que los apoderados no son más que un mero grupo de interés y entes pasajeros dentro de la etapa escolar de sus hijos. En definitiva, ellos no tienen nada que opinar respecto a la educación que eligen y, en consecuencia, no deberían haber participado de la votación. Una posición que preocupa.

No cabe duda que el Estado tiene un rol relevante. La educación en sí misma es pública, no por cuanto sea estatal, sino porque efectivamente existe un bien público en juego: la formación de nuevos ciudadanos y el derecho de los niños a ser formados. Pero el deber del Estado es velar por una educación de calidad, cuestión que en ningún caso reemplaza el derecho más íntimo de los padres y que surge por la propia naturaleza: educar a sus hijos.

Esto nos remonta al debate sobre la Ley de Inclusión Escolar a comienzos de la administración de la Presidenta Bachelet. El gobierno tenía una postura clara, su sentido de libertad era restringido y se limitaba sólo a la posibilidad de los padres de elegir, sin tomar en cuenta al sostenedor. La posibilidad de crear proyectos educativos y el derecho de los padres son dos caras de una misma moneda que no pueden comprenderse de manera aislada. Por ello se aplaudió la iniciativa de la ministra Marcela Cubillos al abrir nuevamente la reflexión con Admisión Justa, volviendo a entregar al establecimiento una posibilidad de decisión frente a los alumnos que se incorporen (cumpliendo siempre con un proceso transparente y no discriminatorio).

Sin embargo, la sólida postura que ha adoptado la autoridad del Ministerio de Educación en materia de admisión escolar se contradice con sus declaraciones sobre dar fin a los establecimientos monogenéricos. Una señal muy poco clara, especialmente cuando sus dichos responden a una decisión ya tomada por toda la comunidad escolar. Da la impresión de que todo el proceso que llevó a cabo el Instituto Nacional, bajo el alero de la Municipalidad de Santiago, no tuviese validez sólo por el hecho de que el resultado no le gusta a algunos -entre ellos al Mineduc-.

Recientemente el gobierno propuso que los establecimientos puedan seleccionar hasta un 30% de sus vacantes por proyecto educativo. ¿Bajo qué argumentos el gobierno defenderá ahora este cambio al Sistema de Admisión Escolar?

Es necesario que el Ejecutivo aclare su postura. De seguir adelante con sus últimas declaraciones, terminará por ahondar en la idea de que sólo quienes pueden pagar, podrán ejercer su libertad, los demás deberán contentarse con que el Estado sea quien tome sus decisiones. Ninguna discusión sobre las mejoras a los mecanismos de admisión servirá si en el fondo seguimos perpetuando este tipo de lógicas.

La libertad de enseñanza no puede estar a la orden del día. Debiese ser parte esencial de la identidad de nuestra educación pública, pues es sustento básico para la democracia. Precisamente la diversidad de proyectos educativos es lo que enriquece nuestra vida en comunidad.