Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es una frase que aplica perfectamente si consideramos que llevamos una década lamentándonos del mal uso de las licencias médicas, conocidas como “fraudulentas” y, sin embargo, no hemos realizado aún los cambios que todos concuerdan son los necesarios para contener un gasto que sigue apropiándose de los recursos que podríamos destinar, por ejemplo, para solucionar las listas de espera.
El día 18 de octubre, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó su informe anual sobre Licencias Médicas y Subsidio de Incapacidad Laboral del año 2021. Si bien el informe no arroja nada nuevo en cuanto a las conclusiones sobre la necesidad de cambios a la Ley 16.744, la velocidad con que el gasto destinado a financiar el pago de estos subsidios creció durante el año 2021 hace urgente que se retome esta discusión en el Congreso Nacional.
Los números son indesmentibles: pasamos de tener 6 millones de licencias médicas el año 2020 a 8.5 millones el año siguiente, es decir, un aumento de 40% en un año, comparado con el incremento acumulado de 15% en un periodo de 3 años entre 2017-2020. Este aumento significa -por ejemplo- que en Chile cada trabajador tiene, en promedio, 16 días de licencia al año. Inmediatamente uno podría inferir que fue la pandemia la causante de este explosivo crecimiento, sin embargo, el COVID-19 sólo explica un tercio de estos números.
Por primera vez se destina más de la mitad de la cotización obligatoria para salud del 7% para financiar el Subsidio de Incapacidad Laboral, llegando a un gasto total de 2.6 billones de pesos ($1.9 billones fue el gasto en 2020).
Hay dos mecanismos ampliamente utilizados en gran parte de los países a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y también en el contexto latinoamericano que permiten minimizar el riesgo moral (o abuso de uso) que en Chile no se utilizan: una tasa de reemplazo inferior al 100% de la remuneración y un límite de duración de la licencia.
Por ejemplo, en Uruguay y España tienen una cobertura de 70 y 60% de la remuneración, respectivamente. Mientras que en lo que corresponde a la duración del subsidio tenemos ejemplos como el de Colombia y Francia establecidas en un máximo de 26 semanas.
Es hora ya que las carteras de Trabajo y Salud se sienten a conversar para proponerle al país soluciones que apunten a contener el excesivo aumento del uso del Subsidio de Incapacidad Laboral que estamos viendo durante más de una década en nuestro país. La magnitud de los recursos implicados exige que tengamos un debate crítico, dejando de lado populismos, para la implementación de medidas que, si bien pueden ser duras en un principio, en donde probablemente paguen “justos por pecadores”, en el mediano plazo se puedan traducir en una mejoría en la atención de salud, al focalizar esos recursos en brindar un mejor servicio a la población.
Tarde o temprano, las autoridades deben encarar este problema. No querer verlo también es fraudulento.
Por Arturo Zúñiga, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián
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