Por Jorge Burgos, abogado
En las actuales circunstancias, se puede sostener que todos los liderazgos están sometidos a prueba. Son mayúsculas las exigencias para quienes desempeñan las funciones más altas en la conducción del Estado, pero la esencial es mantener la cabeza fría en un contexto de fundado temor, incertidumbre y agotamiento de la población. Es indispensable que el Presidente de la República, los ministros, los responsables de los servicios vitales, los jefes militares y policiales, parlamentarios, alcaldes, en fin, todas las autoridades públicas, conserven el equilibrio requerido para adoptar las mejores decisiones posibles en resguardo del bien común. En estos días, la población mira -como nunca- hacia el Estado en busca de auxilio, y éste simplemente no puede fallar en el propósito de mitigar las penurias y remontar las dificultades.
Lo anterior vale también para la sociedad civil, en particular para quienes ocupan los puestos de mando en la industria, la minería, la agricultura, el comercio, la banca, el transporte, las telecomunicaciones, en fin, el conjunto de las actividades económicas, sometidas hoy al shock de una recesión no conocida, y que tienen el enorme reto de buscar las vías para superarla. La empresa privada enfrenta una verdadera prueba de fuego, de la cual dependerá en buena medida el juicio de los ciudadanos sobre su papel en la vida del país. Por supuesto que la primera responsabilidad de los empresarios es mantener sus empresas a flote, pero además deben colaborar, sobre todo las empresas mayores, con los esfuerzos del gobierno por atender las necesidades que surgen por todos lados.
Se nos viene un duro invierno en el que se multiplicarán las exigencias en el plano de la protección social. Fue acertado que el gobierno adelantara el pago del Ingreso Familiar de Emergencia y que tomara la decisión de distribuir alimentos a las familias más vulnerables. Esto es valorado por la mayoría de la población, como lo evidenció la encuesta Cadem del 25 de mayo.
Pero, que duda cabe, no basta con eso. Es en ese desafío en el que se agradece la propuesta que hiciera un grupo de economistas -de novedosa transversalidad- convocados por el Colegio Médico, cuyo objetivo central es gastar 12.000 millones de dólares o el 5% del PIB en los próximos 18 meses, como forma razonable de mitigar las devastadoras consecuencias sociales y económicas que ya llegaron.
Las informaciones de los medios parecen indicar que esta idea ha caído en tierra fértil y motivó una convocatoria presidencial a todos los partidos a buscar un acuerdo, en hora buena. No dejemos que un cierto ambiente envenenado que suele instalarse, frustre esta oportunidad. Cabeza fría.
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