Por Ricardo Abuauad, arquitecto y decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello
A raíz de la lamentable violencia que enfrentan día a día, la situación de los camioneros vuelve evidente la dependencia que tenemos de las carreteras como modo casi único de desplazamiento de personas y de carga.
La diversificación de la matriz de desplazamientos toma la agenda. Se trata de fortalecer un sistema de movilidad público, no contaminante, moderno; se trata de generar empleo y también de promover un nuevo mapa de las oportunidades en nuestros territorios.
Un mes antes del estallido social, en un escenario obviamente distinto, el gobierno lanzaba el “Plan 3T”, con importantes recursos para fortalecer trenes, tranvías y teleféricos. Entre sus ocho iniciativas estaban el tren rápido a Valparaíso, un tranvía al aeropuerto de Santiago (o la extensión de la línea 7), el tranvía Viña-Reñaca, el de La Serena-Coquimbo, el de Rancagua-Machalí, y los teleféricos de Alto Hospicio, Valparaíso y Bicentenario.
En paralelo, el mismo gobierno lanzaba “Chile sobre rieles”, un plan de inversiones para fortalecer el desarrollo ferroviario que prometía llegar al 2027 a los 150 millones de usuarios. Dentro de los proyectos estaban el tren Santiago-Batuco, Alameda-Melipilla, la extensión del metro de Valparaíso desde Limache a La Calera, un nuevo servicio en Chillan, y varios otros.
¿Las adversas condiciones que atravesamos postergan estas iniciativas? A pesar de que en diciembre pasado el gobierno descartaba atrasos, el tren Santiago-Valparaíso encontró nuevas dilataciones. Y las líneas de metro nuevas también han enfrentado dificultades.
Pero hay algo más grave que los tropiezos presupuestarios y los cambios en las urgencias: los problemas de coherencia entre el discurso y la realidad. El recientemente anunciado Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2050 destina un porcentaje mayoritario de los fondos (68%) a construcción y ampliación de autopistas (incluyendo, entre varias otras, la de la Ruta 68).
La situación exige no solo obras y anuncios, sino una estrategia clara para transformar una cultura de la movilidad hacia un sistema sustentable: no se trata de hacer desaparecer vehículos, camiones y autopistas, sino de priorizar el sistema público, de diversificar el abanico de posibilidades y modos, y de privilegiar los sistemas colectivos y no contaminantes por sobre los que no lo son. Normalmente, los planes de movilidad en el extranjero comienzan con una meta de cambio en esta participación modal, y los proyectos se diseñan para contribuir a ella: ¿cuál es nuestra meta?
Por último, esta necesidad no se trata exclusivamente de criterios de movilidad, también de ordenamiento territorial. A fines de 2019, Business Insider publicó un ranking de los 30 países que exhiben una proporción mayor de la población viviendo en una sola ciudad principal. No es de extrañar que Santiago (35,5%) ocupe el lugar 13 del mundo. Si consideramos la población de la Región Metropolitana, subimos al 40%, y si a eso le sumamos la de la V región, esa concentración supera fácilmente el 50%.
La mitad de la población de un país largo viviendo en una apretada superficie de su área central. Las inversiones en trenes (nacionales, regionales, metropolitanos, urbanos) deberían pensarse también como una herramienta para mejorar el atractivo de localización en zonas estratégicas, para generar sistemas urbanos en red sin necesidad de ampliar las manchas urbanas para orientar el crecimiento con el apoyo de la infraestructura.
En esa línea, el gobierno acaba de lanzar un enorme Plan de inversión “Paso a Paso Chile se recupera”, que se apoya fuertemente en obras públicas: incluye inversiones en metro y trenes, y soluciones habitacionales a más de 400.000 familias. Se construirán grandes obras, y su capacidad para nivelar el mapa de oportunidades será sin duda notable: no desperdiciemos esa energía. Es el momento de los trenes.
