Por Juan Carvajal, periodista y ex director de la Secom
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva al funcionario de Carabineros formalizado por el homicidio frustrado del joven al que hizo caer desde el Puente Pío Nono y amplió la indagatoria a más efectivos, incluidos otros de mayor rango, por obstrucción a la investigación, falsificación de documento público y encubrimiento, acogiendo de esta forma, la solicitud de la Fiscalía Centro Norte.
Si lo que buscamos (supongo que es un tema de consenso) es la recuperación de las confianzas ciudadanas, lo ocurrido el pasado viernes debe ser asumido con toda la gravedad que tiene. Como apuntó el director del Instituto Nacional de DD.HH., Sergio Micco, “es una acción reiterada, que se ha hecho presente en la Operación Huracán y en el caso Catrillanca”. Cuando en una institución -más allá de la destitución o baja masiva de generales- se comienza a repetir una forma de operar, estamos frente a un problema de carácter estructural, que requiere de una intervención de fondo y de una reforma total al interior del organismo, desde la formación misma de sus efectivos.
La caída en la evaluación ciudadana de las policías tiene un lamentable historial: durante el primer gobierno de Piñera, debió salir el entonces general director de Carabineros, Eduardo Gordon, acusado de modificar el parte policial en una colisión donde participó su hijo. Durante esta segunda gestión del Presidente Piñera, se le pidió la renuncia a Bruno Villalobos, envuelto en el caso Huracán. En su reemplazo fue designado el general Hermes Soto que -en la gestión más breve en la historia de la institución- fue destituido a los diez meses en el medio del crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Con Soto, salieron a retiro 10 generales, en lo que fue considerado el mayor descabezamiento del Alto Mando institucional. Como se recordará, en el crimen de Camilo Catrillanca, ocurrido en noviembre de 2018, se demostró, tras diversas y contradictorias versiones, que el joven murió de un tiro en la cabeza por la espalda, perpetrado por el sargento Carlos Alarcón Molina, miembro del llamado Comando Jungla. Siete ex uniformados y un abogado fueron imputados y el Intendente Luis Mayol dijo haber sido engañado por Carabineros en la versión que le entregó al ministro Chadwick.
Destituido Soto, comienza la era del general Mario Rozas, quien asume con el compromiso de realizar una gran reforma en Carabineros. No obstante, durante el estallido social, el INDH reporta 490 casos de torturas y vulneración de derechos. Entre ellos, 112 de violencia sexual. Se constataron 259 casos de heridas oculares; el más emblemático a nivel mundial es Gustavo Gatica, que perdió la vista en ambos ojos.
La señal para La Moneda está clara. Cuando demasiadas veces se ha comprobado que se vulnera la confianza pública manipulando pruebas, alterando antecedentes o entregando versiones que no corresponden, es el momento de asumir que hay que hacer cambios de fondo.
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