Llegó la hora

Por Jorge Burgos, abogado

Que Carabineros requiere de una reforma, parece ser una aseveración mayoritaria; algunos sostienen que esta debe ser más bien acotada y otros piensan que debe ser mayor y no puede confundirse solo con modernizaciones puntuales. No faltan posiciones más radicales, que en lo personal estimo provienen de minorías intensas, que en un extremo pregonan la refundación y en el otro que no hay nada que cambiar.

El actual gobierno -siempre evito hablar de los gobiernos de turno, expresión más propia de boticas o botillerías- impulsó en distintas oportunidades la creación de grupos de trabajo, donde convergieron personas con experiencia académica o conocimiento por responsabilidades que en su tiempo asumieron en el área. El primer encargo estuvo más bien fundado en establecer propuestas de modernización destinadas a mejorar la perfomance de las policías frente a la demanda insatisfecha de la ciudadanía, en cuanto a tener mejores condiciones de seguridad, y en el caso de Carabineros a hacerse cargo de los severos problemas de probidad detectados luego de largos años de impunidad en su ejecución. La segunda de las comisiones convocadas por el Ejecutivo -post 18 O- radicó sus propuestas en los indudables y graves inconvenientes que mostró el actuar de la policía uniformada en el control del orden público y en actos enmarcables como violatorios de derechos humanos. Paralelamente, el Senado también creó un grupo de expertos que ejecutó su trabajo sobre los mismos tópicos, con énfasis distintos, pero también con similitudes importantes.

Todos esos trabajos están en poder de la autoridad desde hace meses, probablemente la demora en entrar a la etapa de ejecución estuvo amparada en un efecto virtuoso o más bien espejismo que produjo la pandemia en su momento más expansivo, la imagen de Carabineros -certificada por numerosas encuestas- mejoró sustancialmente. Aquello no debe ser motivo de sorpresa, pues en estas circunstancias de aflicción colectiva es donde lucen más y con razón las fortalezas de nuestra principal policía: vocación de servicio, protección comunitaria, presencia nacional. Bastó eso sí el resurgimiento de hechos violentos -superado el momento más dramático de la peste- para que se nos recordara los pendientes no resueltos.

Todo indica que el gobierno decidió no dilatar más el proceso de implementación de la reforma y convocó a un grupo de personas calificadas académicamente para iniciar, de una vez por todas, la tarea. Los insumos están, también existen iniciativas legales en trámite, perfectibles, donde sería muy positivo pudieran ser oídos los comisionados antes de su sanción.

La agenda es dura y larga en el tiempo, traspasa con mucho el poco más de un año que le resta a la administración, pero llegó la hora.

Carrera funcionaria, formación, vigencia irrestricta de una doctrina de pleno respeto a los derechos humanos, orden público, control y fiscalización de la autoridad civil, una de competencia exclusiva en el área y no seguir con un híbrido que comparte la jefatura política ministerial con la de seguridad.

Se trata, aunque sea obvio decirlo, de una reforma para mejorar lo que tenemos, no para hundir y mucho menos humillar una institución con problemas, pero también con virtudes a cuidar. Avanzar coetáneamente un proceso de reforma con el necesario respaldo político a Carabineros es indispensable, particularmente en tiempos que se ha instalado una violencia inusitada que más que pensar en un momento constituyente parecen soñar con uno destituyente.