Lo esencial es invisible a los ojos

Por Juan José Crocco Carrera, abogado y colaborador asociado de Horizontal.

Hace algunos días el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en entrevista dada en Radio Agricultura, declaraba que “no vemos grandes contradicciones entre el Código de Aguas y la nueva Constitución, pero eso lo evaluará cada cual”, dejando en libertad de conciencia a quienes opinen en contrario.

Siendo que la propuesta de Constitución mandata a los jefes de servicio de los órganos del Estado con una potestad casi legislativa para “adaptar su normativa interna de conformidad con el principio de supremacía constitucional”, el hecho que la autoridad máxima de la principal cartera de Estado a cargo de la regulación de las aguas invisibilice las evidentes contradicciones e inconsistencias, es sumamente preocupante y sólo agrava la sensación de incertidumbre.

Lo anterior debido a que, con la entrada en vigencia de la eventual nueva Constitución, existen al menos tres cambios radicales de paradigma que comenzarán a regir incluso antes que se redacte el primer borrador del proyecto de ley mandatado a regularlos, y será la Dirección General de Aguas dependiente del MOP la encargada de “adaptar” la normativa a esta nueva realidad.

El primer cambio paradigmático dice relación con la desnaturalización de los derechos de aprovechamiento de aguas. Pues “con la entrada en vigencia de esta Constitución todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua”. Dichas autorizaciones serán incomerciables y no constituirán propiedad. Si bien las normas transitorias intentan dar algunas luces para los próximos tres años, en materia de transferencia no existe claridad alguna del procedimiento a seguir y plazos asociados para que la DGA autorice cambios de titularidad; o bien, como se ejecutarán las prendas e hipotecas constituidas sobre derechos de aprovechamiento de aguas, en el caso de incumplir con las obligaciones que garantizaban. Especial detención merece el hecho que, al ser incomerciables, con la entrada en vigencia de la Constitución, los arriendos sobre los derechos de aguas pasarían a adolecer de objeto ilícito, sin que el borrador ofrezca solución alguna al respecto.

El segundo cambio se configura con la propuesta de una nueva institucionalidad, dado que al entrar en vigencia la Constitución “las funciones de la Agencia Nacional del Agua serán asumidas, en lo que respecta a sus competencias, por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.” A lo que cabe preguntarse de dónde provendrá la mayor dotación y presupuesto que necesita la DGA para asumir con responsabilidad dichas funciones; y en caso contrario, cómo se van a “adaptar” las metas del Servicio y sus normas actuales para hacer frente al mandato constitucional. Esto en consideración a que el borrador de la ley de presupuesto para el año 2023 de la DGA, sólo contempla las modificaciones al Código de Aguas del 2022 y nada dice respecto de la conversión de dicha institución en la ANA, ni del resto de las facultades derivadas de esta nueva Constitución.

Por último, la propuesta establece un “proceso de redistribución de los caudales de las cuencas”, lo que constituye una derogación tácita al rol y función que por más de doscientos años han realizado las Organizaciones de Usuarios de Agua. Dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se iniciará el “primer proceso regional”. En consideración a que la distribución y redistribución de caudales es una gestión que debe hacerse en terreno, es imperativo preguntarse cómo la DGA va a “adaptar” su normativa interna para hacerse cargo de dicha función y quien asumirá los costos de esta.

En caso de aprobarse la propuesta de Constitución, si la autoridad encargada de dar respuesta a estas interrogantes e inconsistencias por los próximos tres años no es capaz de verlas, será un desafío y un llamado a movilizar a los miles de usuarios y organizaciones de aguas, que tienen su corazón puesto en la gestión que día a día debe hacerse de los recursos hídricos, para catalizar una toma de conciencia al respecto.