Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
La decisión del Ministerio de Educación de adelantar y extender las vacaciones de invierno generó asombro. Fue un balde de agua fría para un sistema educativo que se viene recuperando de una pandemia, lentamente y con poquísima ayuda de este gobierno (el anunciado Plan de Reactivación Educativa contempla una inversión absolutamente insuficiente, 7.500 pesos por niño anual) y ahora enfrenta un escenario de pesadilla que pensábamos que estaba en el pasado.
No es mi intención cuestionar la crisis causada por los virus respiratorios: las cifras de ocupación de camas UCI y UTI pediátricas entregadas por la ministra de Educación son un escenario extremo.
Analicemos, en primer lugar, el momento en el que se realiza este anuncio. El 20 de abril del presente año, hace dos meses, el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián destacaba el aumento de circulación de virus respiratorios en niños informado en los reportes del Instituto de Salud Pública. Esta misma institución, en su reporte de febrero de 2021 –hace 4 meses, y una semana antes de que asumiera el gobierno actual– detectaba el aumento de la circulación de la influenza comparado con años anteriores. ¿No tuvieron las autoridades a la vista estos antecedentes? ¿No se pudo actuar antes, comunicando a las comunidades educativas sobre este riesgo? ¿No se pudo trabajar con ellas en medidas preventivas? ¿No se podían reforzar los hospitales? Llama la atención que el Colegio Médico, usualmente locuaz y participativo, haya sido tan sumamente silente en esta materia.
En segundo lugar, ¿por qué se toma la medida adicional de extender las vacaciones? El ministro lleva meses diciendo que la suspensión de clases durante la pandemia fue una mala idea, pero que también el retorno “abrupto” fue pernicioso, que la falta de socialización producto de la suspensión de clases habría afectado la salud mental de los estudiantes, llevando a los niveles de violencia que se observan cotidianamente en los colegios y sus alrededores. A pesar de que su intención es eliminar el Simce y de esa manera no medir el impacto de la pandemia, el ministro también ha sido claro en reconocer el daño en aprendizajes que representó la suspensión. ¿Cómo puede ser que, tras estas declaraciones, su decisión sea cerrar nuevamente los colegios? ¿No hay alternativas que no impliquen sacrificar a los niños y sus aprendizajes? Al menos se pudo haber sugerido clases remotas durante esa semana, aunque quizás eso podría irritar al Colegio de Profesores. A esto se agrega la falta de criterio de una decisión muy poco fina: ¿los virus afectan por igual a niños de parvularia que de educación media?, ¿era necesario que todas las comunas fueran sometidas a la misma política? Increíble cómo se puede hablar tanto del concepto de territorio, y luego despreciar su complejidad tan rápidamente.
En tercer lugar, el ministro, en consonancia con el gobierno, ha hecho del diálogo su discurso central. Han sido varias las ocasiones en que la autoridad educativa ha destacado que, ante manifestaciones, él ha podido resolverlas dialogando. En ese sentido, por esta medida, ¿se comunicó oportunamente esto a las comunidades educativas?, ¿se hicieron diálogos para sopesar el impacto que tendría esto en personas que trabajan y tienen a cargo niños?, ¿se habló con empleadores para ver cómo conjugar esta decisión con el mundo laboral?
Uno pensaba que algo habíamos aprendido de los costos de haber cerrado durante dos años el sistema educativo. Pero los niños y sus aprendizajes siguen sin ser prioridad para este oficialismo, que ya lo había demostrado presentando sendos proyectos de ley para impedir el regreso a clases durante la pandemia, cuando fue oposición. Los que dicen proteger a los más débiles, siguen cortando el hilo por lo más delgado.
