Lo que natura non da, Covid non presta

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP

La pandemia nos ofrece una oportunidad para enmendar el rumbo. Nada volverá a ser lo mismo; hemos aprendido como sociedad la lección. Esta es una oportunidad para ser mejores personas, para entender que la vida en comunidad se trata de la colaboración y la solidaridad, y no de la competencia y el individualismo". Estas son algunas de las reflexiones de intelectuales y académicos recabadas durante la pandemia. Ante la amenaza mortal de un virus desconocido, el miedo hace de lo suyo y surge ese buenismo que de alguna forma todos llevamos dentro. Lástima que la naturaleza humana una vez se impone para enrostrarnos lo poco que nos conocemos.

Este viernes nos enteramos de la masiva estafa que sufrió el Estado respecto del Bono de Clase Media. Ante la recesión económica producto de las medidas sanitarias para combatir la pandemia, que se reflejaba dramáticamente en un aumento exponencial de los cesantes y en una fuerte caída de los salarios, el gobierno salió en auxilio con distintos instrumentos. Uno de ellos fue el Bono de Clase Media, pensado para trabajadores dependientes con ingresos entre 400 mil y dos millones de pesos mensuales, que habían sufrido una disminución significativa (30% o más) en sus ingresos, y que benefició a más de 1,6 millones de trabajadores. Como el tiempo apremiaba y la bondad cundía, la entrega del bono se hizo basada en un acto de confianza: los postulantes al beneficio solo debían declarar bajo juramento la disminución de sus ingresos y después con datos en mano el Sistema de Impuestos Internos (SII) fiscalizaría la veracidad de los juramentos. El resultado de la fiscalización del SII arrojó que más de 400 mil trabajadores habrían mentido, declarando un ingreso menor al real, y de estos, más de 37 mil son funcionaros públicos. Es decir, el 25% de los beneficiarios de este bono le robó al Estado en el momento más crítico que nos ha tocado vivir durante este siglo. Los recursos fiscales involucrados son del orden de 250 millones de dólares; recursos que podrían haberse destinado a salvar vidas, a proteger mejor a los más necesitados.

¿Por qué es tan grave este robo en especial? En primer lugar, porque cuando se le roba al Estado se le está robando a todos los habitantes que contribuyen a las arcas fiscales. Estos beneficiarios le robaron a sus familias, a sus amigos, al taxista, al que barre la calle, a todos los que pagan IVA. En segundo lugar, porque le roban a los más necesitados, que deberían ser los mayores beneficiados por las políticas públicas. En tercer lugar, porque ante la desgracia de cientos de miles de familias que lo están pasando muy mal, estas personas representan un grupo privilegiado que ha logrado mantener su trabajo y sus remuneraciones no se han visto tan afectadas. En cuarto lugar, porque son personas que tienen en promedio ingresos que están por sobre la media nacional y, por ende, deberían tener mayor responsabilidad social. En quinto lugar, porque roban en un momento crítico para el país, cuando los ingresos fiscales se han visto tremendamente disminuidos y el número de personas a auxiliar ha aumentado drásticamente. Pero lo más indignante de todo es que casi 40 mil funcionarios públicos hayan robado. Eso es inaceptable. Así como el estándar ético que se le exige a un parlamentario, ministro, juez o Presidente es distinto al del resto de los funcionarios públicos, también el estándar ético que se espera de los funcionarios públicos es distinto al del resto de los trabajadores en el sector privado, pues sus actos dañan la fe pública, socavando aún más la confianza en las instituciones del Estado.

La pillería es transversal y el oportunismo egoísta una vez más nos muestra la fragilidad de nuestra naturaleza humana, que ni siquiera la pandemia logró cambiar.