Por Juan Carvajal, periodista y ex director de la Secom
Por estos días, el centro de la disputa, de las conversaciones, de los reportajes y de las entrevistas ha estado centrado en el proyecto de ley que posibilitaría el retiro del 10% de los ahorros de las personas en las AFP. Tenemos antecedentes, datos y cifras de los efectos negativos que tendría para los cotizantes aprobar esta iniciativa, en discusión en el Congreso. El gobierno, puesto en esta encrucijada, ha efectuado en las últimas horas nuevos anuncios de medidas compensatorias para la clase media, con las que espera desalentar la aprobación de dicho proyecto de ley.
Sin embargo, más allá de los resultados legislativos, el trasfondo de toda esta polémica es el verdadero descalabro que se ha producido en sectores que tuvieron movilidad social, que alcanzaron a disfrutar de algunas prebendas y que ahora comprueban en los hechos la vulnerabilidad de sus avances y se ven enfrentados al desempleo, la falta de recursos para sus necesidades básicas y deudas impagas. Este escenario límite, junto a una tardía reacción del gobierno para acudir con un apoyo concreto y efectivo para la clase media, ha propiciado que aparezca como alternativa para muchos el echar mano ahora a sus escasos ahorros para la vejez.
Los datos de la Superintendencia indican que en el país hay 10.950.692 afiliados activos. De esa cifra, solo 696 mil personas tienen más de $40 millones ahorrados. Un reciente análisis de la Cámara Chilena de la Construcción explica que el 50% de los afiliados tiene un saldo menor o igual a los 4 millones de pesos, de los cuales alrededor de tres millones de personas podrían retirar la totalidad de sus ahorros al tener menos de 35 UF en sus cuentas individuales.
En tanto, alrededor de 2 millones de afiliados podrían retirar solo el 10% de sus ahorros porque llegarían al tope de 150 UF que el proyecto determina. Esto significa que apenas el 6,3% de los afiliados activos del sistema podrán retirar el monto máximo, lo que finalmente devela que más de 90% de ahorrantes del sistema no cuenta con fondos que le permitan aspirar a una pensión digna.
Además, el sistema castiga a las mujeres, en cuyo caso el cálculo de sobrevida que se les aplica al jubilarse es de 90,7 años, lo que significa que sus pensiones deben solventarlas por un promedio de 31 años, en contraste con el cálculo de 85,6 años para los hombres, para quienes la pensión solo deberá solventarle 22 años de jubilación. Y si bien cada peso que se ahorra para la pensión importa, las estimaciones de las AFP indican que el 70% del ahorro para la pensión se forma con los que se ha contribuido antes de los 45 años.
Así las cosas, más allá del curso que tome esta iniciativa algo desesperada, lo que urge resolver es el problema de fondo. El actual sistema de pensiones requiere ser reformulado ahora, para impedir que continúe transformándose en factor de conflictos. Es una tarea de hoy y no de mañana.
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