Por Aliro Bórquez, rector de la Universidad Católica de Temuco
El acceso a la educación superior es un proceso mediante el cual se asignan los cupos disponibles para el ingreso de estudiantes en las universidades, institutos y centros de formación técnica del país, en función de los mecanismos de selección y requisitos establecidos por las instituciones de educación superior, en razón de que la cantidad de postulantes es mayor que la cantidad de cupos disponibles.
En el caso de las universidades agrupadas en el Cruch, el acceso se organizaba tradicionalmente mediante un procedimiento establecido por las propias instituciones agrupadas, que definía los factores de selección a utilizar para ordenar a sus postulantes, entre las cuales se contaba la prueba de selección universitaria, el puntaje de notas de enseñanza media y el ranking de notas.
De este modo, cada universidad debía desarrollar los estudios técnicos y análisis académicos para definir los cupos y ponderaciones a asignar anualmente a estos factores en sus carreras, de modo que su sistema de admisión le permitiera cumplir con dos exigencias fundamentales: en primer lugar, seleccionar a estudiantes capaces de enfrentar con éxito las demandas de su formación superior, y en segundo lugar, que sus requisitos no constituyeran una barrera para el ingreso de estudiantes talentosos provenientes de contextos vulnerables. Vale decir, criterios que equilibren la equidad y la calidad.
Con la reciente aprobación de la Ley 21.091, el sistema de acceso a la educación superior pasó a ser responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Superior, quien tiene el desafío de estructurar un sistema central tanto para el nivel universitario, como el nivel técnico-profesional y, al mismo tiempo, enfrentar su puesta en marcha ante los dilemas derivados de la actual emergencia sanitaria.
Las señales entregadas por el Ministerio en lo que va de la implementación del nuevo sistema de admisión no parecen auspiciosas, dado que ha mantenido una comunicación informal y errática con las instituciones al momento de definir los hitos y plazos asociados a su implementación y, lo que es peor, ha demostrado una falta de conciencia en la dinámica académica a la base de los procesos de admisión de las instituciones, al estresar los tiempos de entrega de información, sin dar oportunidad a que los organismos colegiados de las instituciones deliberen sobre la oferta académica.
El Ministerio de Educación, junto a las comisiones técnicas definidas en la Ley para brindar asesoría, deben cautelar la rigurosidad y la necesaria coordinación con las instituciones de educación superior, que son quienes cuentan con el inventario de experiencias y prácticas en esta materia.
Los procesos de admisión a la educación superior tienen una importancia decisiva en la calidad y equidad del sistema, así como en su sostenibilidad en el tiempo. Los cambios que se prefiguran en el sistema tendrán consecuencias transcendentales en la labor de los establecimientos de educación media, en las decisiones familiares y en las decisiones de las universidades, que requieren ser examinadas con detención. La disyuntiva en este caso, estriba en conjugar adecuadamente tanto lo urgente como lo importante.
