Los convencionales y el mercado laboral

El Pleno de la Convención acordó normas que representan una severa amenaza para el futuro laboral de los chilenos, ya sea porque crean gran incertidumbre sobre lo que en definitiva van a representar o por ser directamente restricciones severas a la contratación.  Incorporadas al futuro texto constitucional afectarán las expectativas y harán más difícil la normalización del mercado laboral que busca el Gobierno.

No es claro si la norma que consagra el derecho de los trabajadores a participar a través de sus organizaciones sindicales en la toma de decisiones de las empresas va a resultar en un mecanismo por el cual estos puedan aportar opiniones, o si sus acuerdos obligarán al empleador. Es evidente el impacto que desde ahora tendrá sobre la disposición a invertir (y contratar) una norma que a futuro limitaría la capacidad de los empresarios para disponer por sí mismos de los recursos que pusieron en riesgo.

También, según lo acordado, los trabajadores podrían elegir a través de sus organizaciones si van a negociar colectivamente a nivel de empresa, ramal, sectorial o territorial. Esto sitúa a las empresas frente a la posibilidad futura de tener que ajustar remuneraciones según criterios enteramente ajenos a la realidad de los cambios en productividad laboral que experimenten. De nuevo, la incertidumbre puesta en marcha induce a minimizar desde ya las contrataciones para acotar los riesgos.

Los convencionales parecen ignorar el actual deterioro en el mercado laboral, que es urgente superar. La tasa de desocupación nacional (TDN) estimada a febrero de este año alcanza al 7,5%, no mucho mayor al 7,03% en febrero de 2019 (antes del estallido social y la pandemia). Pero la cifra actual ignora que 592 mil personas mayores de 15 años, que con las tasas de participación de 2019 habrían estado trabajando hoy, están actualmente fuera de la Fuerza de Trabajo. Si se reincorporasen a buscar trabajo, la TDN crecería instantáneamente a 12,9%. Por ahora, los hogares no están percibiendo los ingresos que esas personas aportarían, y está latente el surgimiento de una alta TDN cuando ese contingente vuelva a buscar trabajo.

El empleo depende de la inversión y también, fuertemente, de la disposición a contratar. Debería llamar la atención de los convencionales cómo la misma producción puede ocurrir con menos contratación. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021, la producción (Imacec) creció 10,8%, mientras la ocupación cayó en -2,6%. Esto quiere decir que fue posible producir 13,8% más por trabajador ocupado. En otros términos, si las empresas estuviesen contratando trabajadores en forma tan intensiva como en diciembre de 2018, hoy habría 1,2 millones de trabajadores ocupados adicionales, una evidencia del espacio para error cuando se ignora el funcionamiento de la economía y el mercado laboral.

Responsablemente, los convencionales deberían acercar sus decisiones a lo recomendable desde una visión realista y moderna sobre el funcionamiento de las instituciones que dependen de sus decisiones. Desafortunadamente, lo que se va plasmando en el proyecto constitucional –que estará limitando desde ya la gestión laboral del Gobierno- amenaza deprimir indefinidamente el empleo y las remuneraciones de los chilenos.