Los derechos sociales no deben ser una moneda de cambio

La aprobación esta semana de una serie de derechos sociales por parte del pleno de la Convención Constitucional ha sido celebrada por muchos como un paso trascendental en el proceso constituyente. No cabe duda de que por tratarse de materias que tocan tan directamente a la ciudadanía su incorporación sería seguida con especial interés, pero a la par de ser un paso bienvenido, con preocupación se observa que dentro y fuera de la Convención hay sectores que se empeñan en desnaturalizar por completo el sentido y alcance de estos derechos fundamentales.

Es un hecho que para la ciudadanía resulta fundamental saber qué derechos serán reconocidos en el nuevo ordenamiento constitucional, porque ello de alguna manera marca un rumbo en las políticas sociales que guiarán el quehacer del Estado, y trazarán los límites de aquello que la población podrá esperar y exigir. En ese marco, entre las propuestas que la Comisión de Derechos Fundamentales formuló al pleno y que fueron aprobadas figuran el derecho a la educación, a la seguridad social -fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad y suficiencia-, el derecho a reunión y manifestación pacífica, libertad de conciencia y derecho a la vida, entre otras garantías fundamentales. Se han agregado otros derechos novedosos, como el derecho al agua; el derecho al cuidado; el derecho a una vivienda digna y adecuada; el derecho a la participación en la empresa y el derecho al deporte, por mencionar solo algunos.

Es sano que en un proceso constituyente la sociedad debata y reflexione acerca de los derechos sociales. Pero junto con reconocer ello, es fundamental que dicho debate tenga lugar sobre bases razonables -en otras palabras, que se conjuguen las expectativas con las posibilidades reales de satisfacer esos derechos-, y se evite el expediente del populismo, como anzuelo para mover a las mayorías sobre las bases de promesas que serán imposibles de cumplir. En un sentido más general, los derechos sociales deben ser una oportunidad para que el país se encamine hacia una mejor sociedad, y no como moneda de cambio para procurar disfrazar contenidos muy discutibles ya aprobados por el pleno o servir de carnada para aprobar cualquier tipo de Constitución.

Una de las frases más escuchadas por estos días es que la Convención por fin se está haciendo cargo de los problemas reales del país, esos que llevaron al estallido social de 2019 y que desde entonces han tensionado a la sociedad. Siguiendo este razonamiento, se culpa que la actual Constitución sería la responsable directa del estallido, por no reconocer o dejar sin efecto derechos que la mayoría anhela, y de allí la necesidad de incorporar el mayor catálogo posible de garantías, así como extremarlas mediante redacciones que virtualmente no establecen límites. Tal forma de aproximarse al tema resulta profundamente distorsionadora, desde luego porque el actual texto reconoce expresamente varios de los derechos hoy aprobados; suponer entonces que la convulsión social se habría evitado por una insuficiencia de derechos, o que futuros estallidos se podrían evitar atiborrando de derechos una carta fundamental resulta cuando menos de una ingenuidad ominosa, desentendiéndose además de que las frustraciones o expectativas incumplidas son más bien el resultado de no haber llevado a cabo en décadas las políticas públicas correctas, que sintonizaran con los problemas reales de la ciudadanía. La nueva Constitución se verá enfrentada al mismo destino si la preocupación de los constituyentes no está puesta en un buen diseño institucional que a su vez permita una bajada en políticas públicas eficientes.

Haya sido coincidencia o no, los derechos sociales comienzan a discutirse justo en momentos en que la Convención atraviesa por un complejo período, cuando la desconfianza hacia su trabajo se ha incrementado y se han instalado dudas de que la opción Apruebo esté garantizada. Es justamente ahora cuando más a prueba se pondrá el temple de la Convención, en que debe apartarse de todo intento de usar los derechos sociales con fines electorales o populistas, pues ello será un camino seguro para defraudar las expectativas ciudadanas, y con ello profundizar la crisis social.