Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura
Al iniciarse el nuevo gobierno, creemos que es importante reflexionar, entre otras cosas, acerca de los esfuerzos que como país debemos seguir haciendo en materia de infraestructura, especialmente cuando uno de los desafíos que ha planteado el presidente electo es asegurar una cierta tasa de crecimiento que permita sostener las demandas sociales que es necesario resolver con urgencia.
Destinar recursos a infraestructura tiene como inconveniente dejar de gastar en otras disciplinas cuyos frutos son más inmediatos (salvo que se recurra al sector privado para que a través de alguna forma de asociación contribuya con recursos). Pero tiene la virtud de ser una fuente importante de generación de empleo y de actividad económica. De hecho, el gobierno saliente optó por una fuerte inversión en esta área durante el año 2021 y con compromisos el 2022 para hacer frente a los problemas de desempleo que se desencadenaron como consecuencia de la pandemia.
Una de las virtudes de esta iniciativa es que centralizó en una mano las acciones a emprenderse desde la infraestructura, aunque provengan éstas desde diferentes ministerios y reparticiones. Ante las circunstancias actuales de restricción a nuestro crecimiento, pensamos que esta forma de enfrentar la inversión debiera mantenerse, pero obedeciendo a ciertos criterios de mayor permanencia y no limitarse solo para afrontar circunstancia críticas.
Como CPI hemos sostenido que el país debiera contar con un política de infraestructura con una mirada de largo plazo, que se haga cargo de las brechas existentes en materias de productividad, calidad de vida y en la generación de oportunidades para las futuras generaciones, tal como se hace en países como Australia y Nueva Zelanda. Para ello, sugerimos la elaboración de un plan integrado de infraestructura. Esa sería la forma en que vemos que es posible optimizar las visiones que se tienen desde entidades con diferentes propósitos. De esta mirada debieran surgir los proyectos que se desarrollen en cada una de las instituciones comprometidas, generando una cartera coherente en intensidad, cobertura, plazos y recursos.
Para optimizar los usos de los recursos públicos destinados a infraestructura, el Consejo Nacional de Productividad ha planteado la necesidad de crear una “Comisión de Infraestructura”, cuyo propósito sea asesorar al Presidente de la República en el desarrollo de la infraestructura pública para mejorar el bienestar de la población. Coincidimos con esa propuesta, en el entendido que sería la mejor forma de darle organicidad y proyección al largo plazo a las iniciativas que se tomen desde diferentes reparticiones del Estado en relación a estas materias. Para ese efecto, la coordinación entre ministerios, empresas del Estado, gobiernos regionales y, en muchos casos, municipios, es fundamental, especialmente en circunstancias que se avanza hacia una modalidad más descentralizada de la gestión pública.
Una entidad asesora de las características propuesta por el CNP convocaría a todos los actores a la elaboración de un plan integrado de infraestructura, el que sería ejecutado por cada una de las reparticiones comprometidas y supervisado en su coherencia desde la unidad asesora. Esto permitiría optimizar la disponibilidad de recursos en función de objetivos compartidos y aumentar su impacto.
La infraestructura es una forma de intervenir en el territorio para hacerlo más amable para las necesidades humanas. Las inversiones deben ser ambientalmente sustentables y socialmente valoradas. Para ello, no basta con explicar bien cada proyecto; es necesario que estos sean parte de una visión de futuro y que la comunidad debe conocer y apreciar en la perspectiva de sus propias necesidades y de las necesidades del país.
