¡Los niños primeros en la fila! (¿…De la cárcel?)

Se ha propuesto una medida de política criminal juvenil que debe ser severamente criticada: rebajar el inicio de la responsabilidad penal de los 14 a los 12 años. Uno de los impulsores aclaró que la intención del proyecto era hacer que "de una vez por todas se hagan responsables de sus actos y puedan cumplir una pena de cárcel"; otro, la atenuó, afirmando que la "intención es mejorar la reinserción social a una edad más temprana".

Dicha propuesta aborda el fenómeno de la delincuencia infantil de manera elitista, con una mirada distinta a la que cualquiera asumiría si supusiera que los propios hijos podrían ser los afectados. La amenaza se presenta, por lo mismo, como extraña a nuestro entorno: son otros los "niños" (los pobres, por supuesto), los que representan una amenaza y que se hace imprescindible recluir. El modelo propuesto, adicionalmente, mantiene y profundiza el principal error sistemático del enfoque de justicia juvenil nacional, al suponer que la única forma de intervención a la infancia conflictiva -abrumadoramente relacionada con ambientes de vulnerabilidad y pobreza-, es por medio del castigo penal más severo y precoz. Aquello representa tanto una injusticia para los niños que se ven enfrentados al sistema penal como para los ciudadanos que tenemos justas expectativas de seguridad pública.

Constituye una severa injusticia para los niños menores de 14 años porque el derecho penal en los estados democráticos y sociales de derecho se construye sobre la base de la posibilidad de reprochar personalmente la deslealtad a la ley que se expresa en la comisión de un delito. Esto es sumamente complejo en todos los menores de edad, cuyo desarrollo cognitivo -asociado a drásticos cambios físicos, psicológicos y sociales- no es aún completamente capaz de seguimiento normativo, y más aún, si se encuentran insertos en entornos caracterizados por la exclusión, la violencia, la pobreza y las drogas; es decir, para hacerles responsables penalmente de sus faltas se hace necesario recurrir a una ficción injusta.

La injusticia también afecta a los ciudadanos que poseen justas expectativas de seguridad pública, por cuanto se ofrece como solución una ilusión de seguridad: los expertos, han demostrado lo ineficaz de la intervención formal del sistema penal en menores de edad, en desmedro de las eficientes políticas sistemáticas extrapenales tempranas.

Lo que se necesita es un radical cambio de perspectiva: el problema de la delincuencia juvenil no son "los niños de los otros", los "mal portados hijos de algunos pobres", sino el resultado de la sociedad en que vivimos, y por tanto responsabilidad de todos. Así se hace imperioso contar con una Ley de Protección Integral de Derechos del Niño y su correspondiente modelo de gestión, que asegurare la formulación de políticas públicas de prevención integral y extrapenal a la más temprana edad posible y de manera más justa y eficiente.