La preocupación por la seguridad tiende a generar innovaciones en políticas públicas para enfrentar la ansiedad ciudadana e intentar resolver sus principales problemas. Posiblemente la peor coyuntura para este tipo de debates es la electoral. Y ahí mismo nos encontramos. Estos debates tienen cuatro elementos sustantivos: (1) énfasis en el castigo; (2) construcción de un enemigo reconocible e identificable; (3) perspectivas cortoplacistas, y (4) uso antojadizo de la evidencia. Entrando de lleno al proceso presidencial y considerando que la inseguridad es uno de los principales temas de preocupación ciudadana, se hace necesario y prudente analizar algunas propuestas debatidas recientemente.

Ante el aumento de la violencia, especialmente homicida, y la participación de jóvenes en el desarrollo de algunos de estos delitos, se valoró la posibilidad de bajar la de edad de imputabilidad penal para permitir que puedan ser juzgados y castigados como adultos.

Suena castigador, pero es poco eficiente. De hecho, prácticamente toda la investigación disponible muestra justamente lo contrario. Ingresar niños, niñas y adolescentes a sistemas de cárceles por largos períodos solo fortalece su vinculación con el crimen, normaliza el uso de la violencia e incrementa la banalización de la muerte.

Es verdad que cada día son más evidentes los niveles de violencia, el uso problemático de alcohol y drogas, la situación crítica de salud mental, el abandono escolar y la mínima capacidad de inclusión laboral de cientos, sino miles de jóvenes chilenos. Los centros de protección para la infancia son insuficientes, las políticas para limitar estos fenómenos son de bajísima cobertura y la fragmentación socioterritorial incentiva la invisibilidad de estos problemas hasta que llegan a ser criminales.

La mayor tragedia que evidencia la oferta de castigo frente al desarrollo de carreras criminales es la invisibilidad total de sus vidas. Aparecen no cuando son víctimas de la violencia y el abandono, sino cuando socializados en la ilegalidad desarrollan estas habilidades. Creemos que los haremos desaparecer si los encerramos, pero todo indica que más temprano que tarde, los que sobrevivan a la violencia de las calles o las cárceles regresarán como sicarios o secuestradores.

Cinco son los elementos claves para enfrentar el inicio de carreras criminales: (1) inversión temprana en la identificación de niños en estado de desprotección y violencia; (2) desarrollo de programas de acompañamiento a padres, familiares y tutores que desarrollen habilidades para una convivencia pacífica e incentivo para mantenerse en el entorno educativo; (3) focalización en niños que vivan en contextos de normalización de la violencia; (4) involucrar a los gobiernos locales con financiamiento y sostenibilidad de largo plazo, y (5) limitar la institucionalización masiva por problemas de conducta o de criminalidad no violenta. Toda la evidencia indica que una vez institucionalizado, las posibilidades reales de reinserción social son muy limitadas y más bien se fortalecen los derroteros de violencia y criminalidad.

En otras palabras, la preocupación por los altos niveles de violencia y participación de niños y jóvenes en estos hechos es correcta. Estamos como país en un momento clave para salir de las declaraciones altisonantes y permitirnos un debate serio sobre nuestro futuro, uno que pueda estar marcado por una verdadera preocupación por la vida de estos niños, hoy violentos y violentados.

Insisto, preocupación por su vida y no solo por la nuestra. Por nuestro miedo a ser víctimas, por nuestra ansiedad frente a lo que consideramos una amenaza. Estos niños, que pasan por sistemas precarios de protección, por mecanismos débiles de formación y por vinculaciones violentas con la sociedad son nuestra responsabilidad. No solo para encarcelar, sino principalmente para integrar.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.