Por Octavio del Favero, Federica Sánchez y Julieta Suárez-Cao, Fundación Ciudadanía Inteligente
La legitimidad de la Convención viene siendo duramente atacada por voces que pronostican un escenario catastrófico, ponen en duda lo democrático de sus miembros y aseguran, como el presidente de la CPC, que lo que se está diseñando es una institucionalidad extrema y no dialogante. Hace unos días, la jefa de la bancada de la DC negó que se estuviesen alcanzando acuerdos transversales o representativos, sugiriendo que el texto se estaba tratando de imponer al igual que se había hecho con la Constitución de 1980.
Sin embargo, la nueva Constitución se sostiene sobre una serie de elementos que hacen de dicha comparación un absurdo. En este sentido, es importante destacar que las reglas que ordenan el proceso son producto de un acuerdo transversal en el que participaron la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso a fines de 2019, lo que lo diferencia radicalmente de los procesos bolivarianos impulsados desde el Ejecutivo y dominados por un solo sector. Además, los 2/3 han permitido llegar a acuerdos amplios, corrigiendo, reduciendo propuestas, y promoviendo una deliberación efectiva.
El plebiscito del 2020 no solo mostró un resultado abrumador en favor de una nueva Constitución a partir de una Convención Constitucional, sino también marcó un hito en la participación electoral. La legitimidad se reforzó incluso en la elección de convencionales en el marco de un proceso competitivo, transparente, paritario y con escaños reservados, todas credenciales profundamente inclusivas y democráticas.
Este involucramiento ha sido fomentado también desde la Convención, manteniendo un canal de diálogo abierto a la ciudadanía a través de las audiencias públicas, los cabildos constituyentes, y la salida de los y las convencionales a sus territorios. Esta participación incidente le da al proceso constituyente la legitimidad de una Constitución que se escribe de cara a la ciudadanía, reflejando la diversidad y complejidad de la sociedad chilena actual.
El proceso no solo ha contado con altos niveles de participación, sino que también cuenta con reglas claras que aseguran la legitimidad de los resultados. Por esto, la propuesta de agregar una tercera opción en el plebiscito ratificatorio implica necesariamente el debilitamiento del proceso. En ese sentido, los sectores de la élite que legítimamente discrepan de algunos contenidos aprobados para la Constitución, deben hacer planteamientos basados en la verdad, elaborando propuestas y promoviendo con honestidad la revocación del texto final. De lo contrario, ponen en riesgo sus propios intereses y los del país al defender una alternativa que desestabiliza un proceso plenamente democrático y que se presenta como el mejor camino para enfrentar los desafíos políticos y sociales de la actualidad.
