Los primeros pasos del superintendente de Educación Superior
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Aunque alejada de los medios, hace ya unas semanas que comenzó a funcionar la Superintendencia de Educación Superior. Esta nueva institucionalidad introduce un cambio profundo y cultural a la hora de entender nuestro sistema educacional, lo que ha provocado inquietudes legítimas, especialmente debido a la redacción amplia e indefinida de la ley; cuestión que podría terminar en que las atribuciones del fiscalizador afecten significativamente la autonomía de las instituciones (IES), perjudicando al sistema en su conjunto.
Es por ello que los primeros pasos del superintendente deben ser estratégicos, pues determinará la manera en que quede instalada la nueva institucionalidad y en definitiva cómo será en adelante la relación de ésta con los diferentes planteles, cuestión fundamental para evaluar su éxito. En ese sentido, son dos las tareas que debiera enfrentar la autoridad en su primera gestión.
Lo primero es dar seguridad y certeza a las instituciones, sólo así podrá crearse en un clima de colaboración y confianza para ejercer su supervisión. Para ello es indispensable la formulación de principios y criterios claros dándole contenido y una interpretación unívoca a la ley respecto de sus facultades y los deberes que tienen las IES. Una buena idea es la sistematización de la normativa como lo hace la Superintendencia de Bancos. De esta manera, se evita una sobrerregulación de los distintos temas mediante instrucciones y circulares, que a fin de cuentas generan mayor confusión. Además, esto permite que se pueda dar una fiscalización basada en la orientación y no desde lo sancionatorio.
Por otro lado, es fundamental que la nueva autoridad concentre sus esfuerzos en aquellas instituciones en crisis y que pueden estar en peligro de cierre. Es de esperar que con la superintendencia en marcha nunca más nos veamos enfrentados a casos como el que ocurrió en la Universidad del Pacífico. Para lograrlo, la firmeza de sus decisiones es clave, haciéndose cargo sin distinciones de ningún tipo, de todos los planteles que al día de hoy no cuentan con la sustentabilidad financiera para seguir entregando una formación de calidad a sus estudiantes. Las medidas deben ser certeras, con objetivos concretos ya sea para su recuperación o cierre. Lo peor que podríamos hacer con ellas es intentar mantenerlas a flote de manera artificial sin otras consecuencias que aplazar su destino.
Por supuesto, ninguna de estas tareas será fácil. El aporte y colaboración de las instituciones será fundamental, quienes deberán adaptarse a la nueva normativa para dar cumplimiento a la ley e ir construyendo esta nueva relación. Así también el equipo que forme el superintendente, con profesionales expertos que guarden la especialidad técnica de su rol y sean capaces de otorgar orientación e información relevante a las IES, garantizando con ello la eficiencia de la fiscalización.
El desafío es importante, cualquier paso en falso puede costarle caro no sólo a la superintendencia sino a la calidad de la educación superior, pues no es otro el fin con que fue creada esta nueva entidad.
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