Por Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance
La pandemia alteró radicalmente la economía de todos los países, sin excepción. En Chile, la crisis se ha traducido en un aumento del desempleo, que alcanza un 12,9%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Y justamente el alto desempleo ha llevado a que muchos busquen la manera de subsistir a través de negocios, los que no siempre son formalizados, y que a largo plazo pueden ser un problema para la economía nacional.
En este grupo caben pequeñas “empresas” que operan a baja escala, o que tienen un bajo nivel de organización, o no están legalmente constituidas; trabajadores independientes que no declaran su actividad o el comercio ambulante, por nombrar algunos ejemplos. Incluso, en ciertos casos se podría interpretar como un tipo de desempleo oculto, ya que seguramente buscaron trabajo, sin éxito, ingeniándoselas para generar dinero.
El gran problema, es que cada uno de estos casos, queda fuera de los controles administrativos, siendo invisibles a los ojos del Estado y, por lo tanto, imposibles de regular.
Cuando pensamos en comercio informal, usualmente lo asociamos a los vendedores ambulantes, sin embargo, va mucho más allá. Según un estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), durante el primer trimestre de este año, un 14% de las transacciones del e-commerce fueron informales. De hecho, la totalidad del gasto en compras online del comercio minorista -sin considerar turismo y entretención- fue de US$ 596 millones entre enero y marzo, y de ese monto, US$ 83,4 millones fueron compras informales en el retail digital, las que no pagan ningún tipo de impuesto.
Por lo general, la informalidad laboral comienza como una manera de salir adelante en medio de una crisis o ante la falta de empleo, y es pensada para sobrevivir en el corto plazo. Pero, a veces se extienden en el tiempo y continúan bajo el alero de la informalidad, a pesar de tener las condiciones para regular su situación. En Chile existen buenos instrumentos para crear empresas, como “Tu Empresa en Un Día”, que no implica costos. Además, nuestro país ocupa el puesto 59 en el ranking Doing Business, destacando entre sus principales fortalezas la apertura de negocios, pilar que aumentó en 2,3 puntos al incluir el sistema online de registro para sociedades cerradas. A esto se suma el alza de 6 puntos en protección a inversionistas minoritarios.
Si bien, muchas veces pensamos que este tipo de empresas “no le hacen mal a nadie”, en la práctica, al no estar formalizadas, no existen y, al no existir, no se les aplica la ley, lo que resulta un problema para los gobiernos en su esfuerzo por “rayar la cancha” y evitar la comisión de delitos como corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptación (comercialización de especies robadas), entre otros, que están regulados en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y en otras leyes. En el caso de las empresas informales, se pierde completamente la capacidad de regulación, dejando la misma ley en letra muerta.
De hecho, los países con altas tasas de informalidad, partieron poco a poco hasta darse cuenta que un gran porcentaje de la economía estaba representando por este rubro, provocando un trade off en los gobiernos, que deben decidir entre aumentar las tasas de desempleo (cerrando esas empresas) versus formalizar la economía.
Por otro lado, las empresas informales, también atentan contra la libre competencia, ya que no se les aplica la ley, no pagan impuestos, ni se les exige el cumplimiento de ciertas medidas, como las sanitarias, pagando menores costos que una empresa formal.
La transición de la informalidad a la formalidad es un tema del que hay que hacerse cargo. Para esto, se requiere de una política que involucre y considere a diversos actores, desde el Estado hasta la sociedad civil, que sea pensada a largo plazo, y que, entre otras medidas, incluya educación financiera que oriente en la creación de empresas.
Sin embargo, a todos nos cabe una cuota responsabilidad en esta materia. Por un lado, los independientes informales deben tener un compromiso por formalizarse, ya que el fin no justifica los medios y porque ser informal es “hacer trampa”. Y, por otro lado, está el deber que tenemos quienes adquirimos productos y servicios, al exigir formalidad y pedir la correspondiente boleta o factura. No se trata de criminalizar, pero muchas veces por pensar que estamos ayudando a un emprendedor, finalmente estamos contribuyendo al incremento de comercio no regulado, a la falta de control y el aumento de corrupción.
