Por Macarena García, economista senior Libertad y Desarrollo
En la discusión respecto de la actual reforma tributaria, me llamó especialmente la atención el argumento en favor de su aprobación que esbozó el diputado Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, basado en la necesidad de compra de paz social. En su argumentación, planteó con vehemencia que, por la persistente negación de los empresarios a cualquier reforma tributaria, es que “después nos quejamos que no hay paz social, que aumenta la delincuencia, que hay crimen organizado y que las policías no tienen recursos”.
Más allá de sorprenderme la supuesta relación entre delincuencia, crimen organizado y los empresarios, tuve un déjà vu frente al argumento sobre la necesidad de suscribir la reforma tributaria para “comprar la paz social”. Con anterioridad, para aprobar la reforma tributaria de la Presidenta Bachelet usó un argumento similar el entonces senador Jorge Pizarro, señalando que “la iniciativa tiene como propósito generar sustentabilidad en el desarrollo económico de nuestro país, estabilidad política y paz social”. Sin embargo, lo que menos se ha visto desde entonces es desarrollo económico y paz social.
Desde principios de 1990 se han aprobado 13 ajustes tributarios (casi uno, año por medio), de distintas magnitudes, buscando mayoritariamente aumentar la recaudación. Producto de estos ajustes, la tasa de impuesto corporativo casi se triplicó, aumentando de 10% en 1990 a 27% en 2018, y la carga tributaria de las empresas se incrementó desde 2,1% del PIB en 1990 a 4,9% del PIB en 2019.
En la comparación con la OCDE, es transversalmente reconocido que las empresas chilenas tienen una carga tributaria muy superior a la del bloque (casi 5% versus 3% del PIB promedio), evidenciando que ya no hay más espacio para continuar aumentando la carga corporativa. Sin embargo, la actual reforma sigue aumentando esta carga, dejándolas como las empresas que más aportarían en impuestos de la OCDE (5,9% del PIB, a la misma altura de Luxemburgo).
Mientras tanto, se continúa justificando el contenido de esta reforma en la necesidad de aumentar la progresividad de nuestra estructura tributaria para fomentar la equidad, tal como ocurre en la OCDE. Sin embargo, la evidencia muestra que el Gini de la OCDE, elaborado con los ingresos antes de impuestos y transferencias del Estado, no es muy distinto al de Chile (0,5 en Chile y 0,47 en la OCDE), y que la principal fuente de corrección del Gini del bloque son las transferencias (-0,12 puntos), no los impuestos (-0,3 puntos). Por tanto, el rol del sistema tributario no debe centrarse solo en redistribución, ya que la composición y focalización del gasto público es más eficiente en ello, mientras los impuestos tienen un impacto menor en la corrección.
En este contexto, no es correcto que las empresas no han aportado más a la recaudación de impuestos. Del aumento de la recaudación observado desde 1990, el 70% de ese incremento lo ha aportado solo la empresa. Sin embargo, a nivel político las empresas siguen siendo “los sospechosos de siempre”, mientras que, respecto de la eficiencia en el gasto, la película se llama más bien “Los Intocables”.
