Luces de alerta frente a gratuidad en educación superior

Semanas atrás se conocieron las dificultades financieras por la que atraviesa la Universidad Alberto Hurtado, las que obligaron a una serie de ajustes en su estructura organizacional y a la desvinculación de 55 funcionarios. Esta situación, si bien es posible obedezca también a causas internas, fue atribuida por su propio rector al momento por el que atraviesa el sistema de educación superior en su conjunto y, en especial, las instituciones que como esta han optado por participar de la gratuidad.

En efecto, tal como se advirtió desde sus inicios, la gratuidad está imponiendo significativos costos a las casas de estudio, primordialmente debido a la fijación de los aranceles regulados por debajo de los ingresos que estas percibían previamente desde sus estudiantes, incluyendo los recursos provenientes de becas y créditos. Así, se ha producido un desfinanciamiento, por un lado, por cada uno de los estudiantes que gozan de la gratuidad y, por el otro, por los estudiantes pertenecientes a los deciles de mayores ingresos que, pese a no ser beneficiarios de esta, también están sujetos a la regulación de aranceles.

De este modo, los ingresos que son capaces de percibir las instituciones adscritas a la gratuidad han pasado a ser controlados casi completamente por el Estado, con el resultado de que, a ocho años desde el inicio de esta política, el centro de estudios Acción Educar estima una pérdida de ingresos de hasta US$ 780 millones, tres cuartos de los cuales han debido ser soportados por las universidades privadas, en especial, las de mayor calidad, que serían las que están sufriendo las mayores dificultades. Todo esto, incluso antes de que comiencen a regir los nuevos aranceles regulados que fueron definidos por el Ministerio de Educación y que ya han sido cuestionados por representantes de diversas instituciones.

Con todo, hasta aquí se han podido acumular suficientes antecedentes que sugieren la imperiosa necesidad de reevaluar el mecanismo de la gratuidad, en especial en lo relativo a la fijación de aranceles y vacantes por parte de la autoridad, todo en un contexto además de crecientes exigencias para la acreditación. Inexplicablemente el gobierno, en lugar de acusar recibo de aquello, ha seguido sosteniendo su intención de avanzar en la condonación del CAE y en una reforma al sistema de créditos, explorando -paradojalmente- una fórmula similar a la de la gratuidad, con fijación de aranceles y control de vacantes.

Si bien aún persisten muchas dudas sobre el proyecto de ley que, de acuerdo con lo comprometido por el Subsecretario de Educación Superior se debiera presentar a más tardar el próximo mes, lo que se ha conocido hasta ahora genera todavía más preocupación. Resulta una contradicción que, pese a la creciente inversión en este nivel educativo a lo largo de la última década, el mal diseño de una política como la gratuidad esté generando tantas dificultades. Y esto, a su vez, debiera ser un llamado de alerta respecto a la iniciativa que presente el gobierno.