Manos a la obra

Por Jorge Burgos, abogado

El domingo pasado, millones de ciudadanos ejercimos nuestro derecho a decidir si queríamos una nueva Constitución y qué tipo de órgano la escriba.

El triunfo del Apruebo no parecía discutirlo nadie, salvo alguna encuestadora por allí que probablemente entusiasmó a algunos incautos que ordenaron y pagaron el dudoso servicio profesional. Lo novedoso provino de la magnitud de la opción ganadora, lo virtuoso de la crecida participación, lo esperanzador del clima de paz con que se desarrolló la jornada democrática, dejando atrás días de violencia brutal e inútil.

Hemos dado con éxito el primer paso del proceso, confiando en nuestra estructura electoral -hecho no menor en tiempos de crisis y desapego a las instituciones-, cuyos encargados, una vez más, demostraron capacidad y expedición. Reconocimiento a las FF.AA. y de Orden, a las autoridades gubernamentales de Interior y Salud que cumplieron con rigor sus responsabilidades.

Tal como lo diseñarán aquella dura noche del 15 de noviembre buena parte de los partidos políticos y parlamentarios -un aplauso para ellos, aunque sea contra corriente- se nos viene a la vuelta de la esquina los tiempos de elección de convencionales y semanas después el debate y redacción de la Carta Fundamental.

Las etapas que vienen ya no son tan unívocas como las opciones del domingo. Coincidimos en la necesidad de una nueva Constitución, pero a la hora de elegir convencionales será indispensable tener claridad a qué van.

No tengo otra pretensión, aprovechando la ventaja que surge de este espacio, que perfilar qué convencionales elegiré.

Desde luego uno o una que no desdeñe los acuerdos, que no entienda que esta será la Constitución de los vencedores, como lo hicieron los redactores, en el cuarto oscuro, en 1980, sino una Constitución que no sea hostil, que acoja. Que colabore en la redacción y sanción de una ley fundamental que no sea vista como la imposición de un gobierno o partido político, sino como la oportunidad de avanzar hacia un gran pacto político y social, capaz de definir una forma de distribución del poder que esté dotada de legitimidad suficiente para enfrentar los desafíos en términos de democracia y desarrollo. En definitiva, que garantice la libre decisión de la ciudadanía para elegir un programa o un gobierno ya sea de derechas o de izquierdas, en clave liberal o socialista.

Un convencional que esté por que la protección del Estado se extienda, pero que no caiga en la tentación de largos listados de derechos, retóricos, que terminan desvalorizando a todos.

Manos a la obra.