¿Resulta comprensible o escalofriante que, con ocasión de la inseguridad, violencia, asesinatos, bandas criminales, etc., un porcentaje muy alto de personas considere que el modo de enfrentarla sea haciéndose justicia por la propia mano? Los datos que motivan esta pregunta surgen de una encuesta realizada por la Universidad Gabriela Mistral y Black&White, donde concluye que un 83% desconfía de sus instituciones judiciales, fiscalías, Defensoría Penal Pública y tribunales de justicia y un 17% cree que la mejor vía para hacer justicia es ojo por ojo, o Ley del Talión. En un lenguaje moderno se le llamaría “privatización del castigo”.
Este es un fenómeno que puede explicarse no solo como una rebelión contra el Estado de Derecho, o una transgresión ciudadana que desafía a quienes administran el poder, sino como una consecuencia de la incapacidad (o impotencia) de los agentes gubernamentales para repeler, con los medios que se supone tienen, una creciente e indomable criminalidad. Siendo este un hecho incontestable y que se vive a diario, es necesario examinar las causas. Al respecto, un dato de la encuesta que resulta llamativo es que, del universo consultado, la gran mayoría no habla desde su propia experiencia sino de lo que sienten, ven u opinan. Y ello es de tal gravedad, que justifica desde luego el hacerse justicia por la propia mano respondiendo a un delito del que se es víctima directa y actual, pero también la incitación a organizarse para sustituir al Estado en su obligación de proveer protección a las personas. Cuando hablamos de organizarse para combatir la delincuencia, nadie podría imaginarse que sería a manos limpias, y mucho menos que las reglas a seguir fueran disciplinadas por un reglamento de uso de la fuerza, como el que hoy se discute en el parlamento. ¿Manos arriba o le disparo? Por cierto que no.
Volviendo a la pregunta acerca de las causas que explican la pésima percepción de los sistemas de justicia -que no es lo mismo que juzgar la ineptitud del Estado-, influye en ello, sin lugar a duda, el que muchos acusados por actos de violencia no sean capturados y que peligrosos delincuentes queden sujetos a medidas cautelares insuficientes como la reclusión nocturna o la firma mensual. Influye también el que el Ministerio de Justicia dijera que era conveniente obrar de este modo porque se aliviarían las cárceles colapsadas, o cuando el Ministerio Público es golpeado por un fracaso judicial o por una crítica a su falta de diligencia. La promesa de justicia es insuficiente cuando se advierte que no funciona. Ello solo alimenta la desilusión por el sistema judicial y se incuba la idea de defenderse por propia mano. En latín esta defensa se llama “manu militari”. Pero quisiéramos que viniera de militares, no de civiles indefensos.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
