Por Juan Ignacio Brito, periodista
El alza del narcotráfico y la violencia asociada a él ha vuelto a despertar el debate sobre la legalización de la marihuana. Incluso un precandidato presidencial como Mario Desbordes se muestra de acuerdo con la idea y llama a abrir la discusión. Los argumentos son los de siempre: acabar con la criminalidad vinculada al tráfico ilícito, permitir controlar el mercado de la marihuana y la calidad de ésta, y reconocer una realidad evidente: el consumo está muy extendido entre la población, especialmente la más joven.
La estrategia para contener el consumo de marihuana en Chile ha sido un fracaso. La droga se encuentra y usa en todas partes, la percepción de riesgo asociada a su consumo cae sostenidamente y las mafias avanzan en control territorial, impunidad y amenaza a la ciudadanía.
Los que proponen la legalización hablan como si estuvieran en posesión de una bala de plata. Eso es un error. En las condiciones actuales, la legalización no debería ser descartada de plano como parte de una estrategia mayor. Pero el asunto es complejo y merece una reflexión amplia. No solo hay que mirar las cifras de consumo y el auge del narcotráfico, sino asimismo las razones que los explican, los efectos en la salud y las consecuencias de la legalización.
Un primer paso sería reconocer que la marihuana es dañina, aunque ello no significa necesariamente que su venta tenga que estar fuera de la ley. Sí implica que el consumo debería ser desincentivado y que hay que intentar disminuirlo. Ello va mucho más allá de los aspectos penales que suelen dominar la agenda antidrogas. El ministro del Interior ha admitido que existen en juego cuestiones culturales que deben ser tomadas en cuenta. Sería oportuno avanzar en soluciones que las contemplen.
Por ejemplo, resulta urgente intervenir e integrar los barrios segregados de nuestras ciudades, cuya conformación y diseño ofrecen campo fértil para el control territorial de los carteles narcos: se necesitan viviendas más amplias, calles más anchas, parques y espacios públicos que permitan reconstruir el tejido social. Esto debería ser una prioridad nacional por razones que van mucho más allá del auge narco, pues proporcionaría condiciones para una existencia más digna a millones de chilenos.
El debate sobre la legalización de la marihuana debería observar con objetividad las experiencias internacionales disponibles y tener en cuenta que el consumo no es una cuestión solo de autonomía personal, pues también suele afectar gravemente la convivencia familiar y social. También deben ser tomadas en cuenta las consideraciones médicas. De lo que se trata es de discutir acerca de qué es bueno para la sociedad chilena actual y futura, sin hacerle el quite a las complejidades de una decisión difícil.
