Por Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal
El terror opera impune en La Araucanía y nadie parece poder detenerlo. El terrible caso recién destapado sobre el descuartizamiento de un hombre en Collipulli, vuelve a evidenciar la macabra realidad que se vive en un entorno de violencia rural, a lo que se suma el creciente tráfico de drogas y armas en nuestro país. ¿El problema? La banalidad le ha quitado tribuna a temas tan graves como este.
En 2020, hubo 122 episodios de violencia rural de alta connotación en la novena región -un 70% más que el año anterior- y en solo 7 meses se confiscaron en Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, más de una tonelada de cannabis y cocaína -un 101% más de todo lo que se incautó ahí en 2019-. En paralelo, el armamento en el territorio crece y crece, dando cuenta de fronteras porosas que permiten su internación. Entre el 2010 y 2017 se extraviaron o robaron 23.000 armas inscritas; incluso las Fuerzas Armadas han perdido 194 armas entre el 2010 y el 2019, sobre las cuales no se tiene ninguna fiscalización externa. Además, cabe decir que si se analizan las armas inscritas, uno puede encontrar lamentables situaciones, como que hay cerca de 23 mil que pertencen a sujetos con antecedentes penales, o que hay casi 2 mil portadores que no cuentan con la ideonidad requerida. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Pisoteado por grupos organizados a los que la ley no logra abarcar.
Estos son solo algunos datos de una realidad que debemos frenar con urgencia y con nuevas medidas si no queremos terminar viviendo los tormentos que se ven en países como Colombia y México. Enfrentar esta situación no solo requiere nuevas penalizaciones o una mayor inteligencia, sino también cambiar el paradigma desde el que nos aproximamos al problema de la droga. Una manera tiene que ver justamente con uno de los puntos más controversiales de los debates presidenciales de la semana pasada: la legalización de la marihuana. Respecto a esto, mientras unos se arman de moral para oponerse, otros se afirman a la evidencia para encontrar una posible solución en su acreditación legal, en favor de quitarle el negocio al narcotráfico de lo que es la sustancia ilícita más consumida en Chile.
Siguiendo esto, quiero destacar el principal sustento que hay tras la opción de legalizarla para los mayores de edad y bajo un estricto marco regulatorio. Este tiene que ver con que la mejor manera de frenar el tráfico de drogas, es siguiendo las rentas. Esto posibilitaría, por ejemplo, atacar directamente el financiamiento del crimen organizado a través de una unidad especial del SII, con todas las facultades y dedicación exclusiva, que detecte y siga el movimiento de dinero y activos ilegales; o, por otra parte, reformar el sistema de penas sustitutivas, para que estas estén efectivamente dedicadas a la reinserción y no a “premiar” al delincuente.
El Estado de Derecho acaba allí donde operan fuerzas de facto al margen de la ley, cuyo poder radica en la organización y las armas. No podemos continuar arriesgándolo, como lo hemos hecho hasta ahora, esperando que la solución a un problema cada vez más grande aparezca de pronto haciendo más de lo mismo. Ya está claro que esa no es la solución.
