Por Eugenio Celedón, socio de Hidrogestión y past president de Alhsud Chile
Un reciente estudio de la Universidad de Talca, publicado estas últimas semanas, puso en evidencia lo que los técnicos, agricultores y el sector hídrico ya maneja desde hace tiempo: nuestro país está viviendo una megasequía, siendo la década de 2000 a 2019 la más seca en la zona central en los últimos 100 años de historia del país. Desde hace más de 10 años que entre la IV a la IX región hay un déficit de precipitaciones anuales cercanos al 30%, lo que, sumado a los evidentes efectos del cambio climático y la falta de políticas públicas de largo plazo, nos sitúa en una encrucijada.
Paralelamente, a mediados del mes de julio, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó el Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2050, el cual contempla una inversión por US$ 50.000 millones para alcanzar la meta de duplicar el PIB en 30 años, y de los cuales US$ 35.000 millones se destinarán a la construcción y ampliación de autopistas, es decir un 70% del presupuesto total.
Si analizamos ambas publicaciones, ¿cuánto necesitamos de infraestructura vial?, ¿o debiéramos priorizar las carreteras hídricas?
La escasez de agua está transformando la zona centro-norte del país en semiárida/árida, escenario que demanda obligatoriamente la toma urgente de medidas estructurales, considerando que entre la III y la VII región, la capacidad productiva genera el 60% del PIB. No solo está en juego el abastecimiento humano, sino también las principales fuentes productivas de Chile como la minería, la agricultura y la industria, con la consecuente generación de empleos y desarrollo sostenible.
El proyecto de Carretera Hídrica que impulsa la Corporación Reguemos Chile, que busca captar, almacenar y transportar agua desde el sur de nuestro país -en donde el agua es abundante y no es utilizada a su total capacidad en los meses de invierno- hacia el norte, donde el agua es escasa y necesaria, requiere una inversión de US$ 15.000 millones. Si sumamos a ese proyecto la propuesta de Aquatacama que propone la construcción de una cañería submarina para transportar agua de sur a norte, por otros US$ 15.000 millones, Chile podría resolver sus problemas y crisis de agua para todo el país en 10 o 20 años, al igual que el plazo estimado para el Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad, y por los mismos US$ 30.000 millones.
Si sumamos a lo anterior que el 28% de nuestra matriz energética está centrada en el recurso hídrico, mejorar su eficiencia está íntimamente relacionado con el desarrollo del país, asociado a planes de largo plazo, con presupuestos de inversión estratégicos, tarificación e infraestructura técnico-administrativa, respaldada en decisiones que velen por la comunidad en cada una de las regiones.
La experiencia nos dice que las soluciones siempre llegan tarde, cuando la ciudadanía y el país están con el agua hasta el cuello –o muy por el contrario en este caso- cuando la necesidad de agua nos obligue a trasladar la capacidad productiva hacia las zonas centro-sur, con un costo que será mayor que el requerido para invertir en infraestructura, tanto a nivel económico como político-social.
Ahora es el momento de abordar la grave situación estructural hídrica del país, entendiendo que la mejor forma de administrar este recurso es por medio de la ejecución de una gestión integrada y a largo plazo, dejando fuera las políticas públicas cortoplacistas y las discusiones teóricas que nos están conduciendo a un árido precipicio.
