¿Más instituciones para el agua?

Por Daniela Rivera, María Molinos y Guillermo Donoso del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC

El 28 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Resolución 79 del Gobierno Regional V Región de Valparaíso, que aprueba el Reglamento para la gobernanza asociada a la Política Hídrica de dicha región, aprobada en 2019. En este pronunciamiento administrativo se definen tres nuevos organismos: un comité estratégico, que actuará a nivel político-estratégico; un consejo consultivo de expertos, desde la perspectiva técnica-estratégica; y, una secretaría técnica, a nivel técnico-operativo, y compuesto por los organismos públicos competentes en la temática de aguas, las organizaciones de usuarios de aguas y otras entidades afines.

Primero que todo, no podemos dejar de señalar que resulta totalmente comprensible la preocupación e interés del Gobierno Regional de Valparaíso por la crítica y delicada situación hídrica de su territorio, en que han quedado de manifiesto falencias y déficit de variada índole, y en que el propio abastecimiento a la población está fuertemente presionado y limitado en algunos casos.

Pero, ¿será una respuesta apropiada el crear más entidades, incorporando más instancias a un ya sobrecargado modelo de gobernanza? En efecto, diversos han sido los diagnósticos que develan los problemas y retos de la institucionalidad pública y privada en lo relativo a las aguas, siendo uno de los más reiterados la dispersión de organismos competentes y la falta de coordinación entre ellos, donde muchas veces las responsabilidades se diluyen.

Además, ¿por qué agregar una estructura “regional” para la administración y gestión de las aguas, cuando ya existe también suficiente respaldo y consenso en que la cuenca es la unidad territorial más apropiada para ello? Es más, en el último tiempo se han dado pasos en esta dirección, con la preparación de los insumos técnicos para elaborar, gradualmente, planes estratégicos de cuencas. Por ello, esta falta de coherencia resulta extraña e inquietante.

La solución de las brechas y desafíos en materia de aguas no pasa por crear más entidades; al contrario, lo que debiera buscarse es una simplificación y unificación competencial, con un adecuado fortalecimiento y autonomía (técnica, financiera y política) del órgano administrativo central en este campo. De otro modo, y por muy válidas y loables que sean las razones que están detrás de iniciativas paralelas, como la comentada, seguiremos en la línea de abultar (y burocratizar), pero no mejorar, la gobernanza hídrica.