Por Amalia Valdés, coordinadora, y Sergio Faúndez, investigador, Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica
Actualmente, la política carcelaria chilena no solo encarcela e invisibiliza a 45 mil personas. Dentro de los recintos penitenciarios se encuentran cerca de 200 mujeres embarazadas privadas de libertad y más de 250 lactantes que están compartiendo la condena con sus madres tras las rejas. En nuestro país, cientos de mujeres al año dan a luz en indignas condiciones a bebés que, desde que nacen y hasta que cumplen 2 años, pasan sus primeros momentos de vida en las cárceles junto a ellas.
Para no seguir perpetuando esta grave realidad, el 20 de mayo se logró un avance histórico en la Cámara de Diputadas y Diputados. Luego de cuatro años desde su ingreso al Senado, se aprobó en general el proyecto conocido como Ley Sayén, originado por el caso de Lorenza Cayuhán, mujer condenada en la zona sur del país, quien tuvo que parir engrillada (sí, engrillada), a su hija Sayén Nahuelán Cayuhán el 14 de octubre del 2016.
A partir de este caso y de muchas otras mujeres que han pasado por este tipo de experiencias, esta ley fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, como Leasur (ONG experta en lo penitenciario), ONG En Marcha (especializada en infancia) y Corporación Humanas (en género), proponiendo una causal de improcedencia de la prisión preventiva para mujeres embarazadas o que tengan bajo su cuidado a niños/as menores de 3 años y, por otro lado, entregar la facultad al juez o jueza penal para suspender la ejecución de la sanción a esta misma población, por un plazo de tres años, prorrogable en caso de enfermedad grave o discapacidad.
Con estos cambios al Código Procesal Penal, el proyecto busca acabar con la indignidad de los partos de mujeres encarceladas: engrilladas, frente a funcionarios/as de Gendarmería, sin la presencia del padre u otra persona significativa, en un contexto carente de amor o respeto, y con altos grados de violencia obstétrica. Esta legislación permite, además, eliminar las experiencias de niñez entre rejas.
Si bien, actualmente las y los recién nacidos viven en la cárcel junto a sus madres, pues se ha evidenciado que ello es mejor para priorizar la lactancia materna y no interrumpir el vínculo de apego de manera tan temprana, diversos informes de Unicef han cuestionado el encarcelamiento del menor como una solución en resguardo del “interés superior del niño y de la niña”. Estos informes han planteado que es preferible el uso de medidas alternativas a la privación de libertad de las madres para que estén junto a sus hijos/as, fuera de prisión.
Por otro lado, existe una serie de evidencia científica e instrumentos internacionales, como las Reglas de Bangkok, que recomiendan a los Estados promover respuestas alternativas a la privación de libertad para el caso de mujeres, entendiendo que el fenómeno delictual femenino requiere de un abordaje diferenciado del de sus pares masculinos, ya que presenta causas, características y necesidades diversas.
Justamente atendiendo a todo lo anterior, esta ley intenta responder a tal dilema, resguardando el principio del uso mínimo de la cárcel, con un enfoque de género y respetando el interés superior del niño y de la niña. De progresar este proyecto de ley, Chile estaría más cerca de que los y las niñas convivan con sus parientes y no con gendarmes. Que jueguen con hermanos/as, primos/as o vecinos/as en lugar de compañeros/as de celdas. Que vayan a la plaza y no a módulos, y que vean el cielo en vez de rejas. Eso es un avance hacia una mejor maternidad e infancia de un grupo importante de nuestra población.
