Por Ana María Stuven, profesora titular PUC/UDP
La sorpresiva comunicación del Presidente Piñera en su cuenta pública de otorgar urgencia legislativa al proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo, permite volver sobre un debate que acompaña a Chile desde su fundación como República: la neutralidad del Estado en materias confesionales.
La respuesta del mundo evangélico no se hizo esperar. Se habló de traición al mundo cristiano, al cual, además, el Presidente debía el voto que lo eligió. La Conferencia Episcopal, por su parte, sostuvo que el matrimonio querido por Dios es entre un hombre y una mujer, y que tiene como propósito la procreación. Siguieron la misma línea que se opuso al proyecto de filiación, al matrimonio civil, a la píldora del día después, al acuerdo de unión civil, a la interrupción del aborto en tres causales, etc.
Las reacciones a este caso particular permiten aquilatar algunos aspectos del proceso de secularización de la sociedad chilena. En el polo más negativo, las jerarquías de las iglesias cristianas no parecen capaces de interactuar con el Estado, asumiendo que desapareció ese denominador común llamado cristiandad, que mantuvo su vigencia hasta el siglo XVIII; en el caso chileno, hasta avanzado el siglo XX. Ese vínculo entre el Imperio, primero, y luego Estado y la Iglesia, funcional a ambos poderes a pesar de sus conflictos históricos, no es compatible con un Estado laico. En consecuencia, tampoco lo es con la obligación que tiene ese Estado de respetar la autonomía de las personas homosexuales para comprometerse con el reconocimiento que reciben las parejas heterosexuales.
El proceso de laicización de las instituciones estatales es uno de los conflictos de más larga duración en la historia de Chile. Para los sectores eclesiásticos suponía un riesgo de pérdida de influencia no solo ante el Estado, sino también social. El temor a no tener respaldo estatal para sus normas es un fenómeno profundamente sedimentado en la iglesia. Temen el efecto normativo de lo que se decide en el foro público. Sin embargo, no parecen entender que, especialmente en las últimas décadas, la sociedad chilena se secularizó, que la adhesión de los católicos hacia la Iglesia decayó bruscamente, que el mundo católico ya no es homogéneo, y que la secularización trajo consigo una creciente autonomía de las distintas esferas de la vida social. Para muchos católicos sería deseable que la jerarquía eclesiástica acompañara sus formas de vivir la fe en un mundo secular que pide una comprensión de la doctrina en diálogo con la historia.
Las reacciones de crítica al Mandatario en el mundo que le rodea dejaron también mucho que desear. Faltaron argumentos que reflexionaran sobre los cambios sociales y su relación con las decisiones políticas. No obstante, a pesar de ello y que muchos de los cercanos a Palacio son católicos, hubo cautela para esgrimir razones de índole religiosa para reprobar su decisión. A pesar de que el debate merecía mejores intervenciones, al menos algunos parecen tener claro que existe una relación constitutiva entre espacio público y democracia, de la cual el secularismo moderno es parte integrante.
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