Por Joanna Heskia, profesora Facultad de derecho Universidad Alberto Hurtado
El debate acerca de la incorporación de jurados en el sistema chileno ha sido abundante en las últimas semanas, a partir de las propuestas surgidas en el marco de las campañas presidenciales, por lo que no resulta fácil hacer aportes novedosos que enriquezcan la discusión. Sin embargo, dada la relevancia del tema, es importante seguir visitándolo una y otra vez.
A esta altura, parecen existir algunos consensos, entre otros, que este debate no puede ni debe impedir el desarrollo en paralelo de otras políticas públicas indispensables y urgentes, como son la reforma al proceso civil, el sistema de ejecución de penas y el abordaje técnico y eficaz de los evidentes bolsones de impunidad que subsisten, entre muchos otros.
Por otro lado, el debate también ha permitido ir despejando ciertas nociones erróneas, como eran la suposición de que los sistemas con jurados o con participación ciudadana eran una minoría dentro del sistema procesal continental y latinoamericano, que en Chile no existía una tradición jurídica que lo permitiera avalar, o que es una reforma inabordable. En relación a esto último, sin duda es relevante tener presente que en la gran mayoría de los países, el jurado solo es utilizado en un número muy pequeño de casos, atendida la especial gravedad o relevancia de éstos, y que también es posible pensar en sistemas mixtos, muy comunes en Europa continental, que se componen de un panel de jueces profesionales y jueces legos o ciudadanos.
Conviene también recordar que en las discusiones para implementar la reforma procesal penal, la posibilidad de que existiera un mecanismo de jurados sí estuvo presente, pero dado que no concitaba un apoyo unánime, se decidió postergar su discusión para una vez que el sistema acusatorio estuviera en marcha y consolidado. Los tiempos que corren parecen propicios para reanudar seriamente esta discusión, ya que, como sabemos, los sistemas de justicia, para concitar legitimidad, necesitan conectarse con las claves valóricas, políticas, sociales y culturales de las sociedades donde se encuentran insertos. En momentos como los actuales, en donde, lo compartamos o no, su legitimidad y confianza se encuentra seriamente cuestionada, avanzar hacia mecanismos que permitan mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones que son particularmente relevantes, ayudaría a consolidar y legitimar el sistema. Esto, porque por un lado, el sistema de jurados permite, por la cantidad de personas que intervienen y por los quórums necesarios para arribar a las decisiones, un ejercicio de profunda y verdadera deliberación e intercambio de ideas que en definitiva mejoran la calidad de la respuesta, y, por otro, porque apareciendo las respuestas del derecho penal en muchas ocasiones como contra-mayoritarias por su propia naturaleza, el compartir y acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones sobre absolución o condena, permite ampliar y socializar el conocimiento de las claves y funcionamiento del mismo.
Así las cosas, países de tradiciones jurídicas similares a las nuestras que han avanzado en este sentido, como es el emblemático caso de Argentina, han evaluado muy positivamente su implementación, destacando una retroalimentación virtuosa entre el trabajo de jueces y jurados, lo que a su vez ha traído aparejado un acercamiento y una mayor valoración del sistema de justicia por parte de la ciudadanía.
