Por José Manuel Cousiño, académico de la Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián
La política de medicamentos en el país requiere de un mayor control. Cuando no es el incremento de sus precios, es su calidad o la irracionalidad en su uso, a través de la automedicación, autoprescripción o la venta clandestina en lugares tan impensados como las ferias libres o comercio ambulante.
Incluso hace algunos días un reportaje daba cuenta del tráfico de recetas para productos controlados, cuestión de la mayor gravedad. A ello hay que agregar la comercialización de productos farmacéuticos en farmacias, sin que se exija la receta médica.
La condición de venta de cada medicamento, determinada por el Instituto de Salud Pública, es una disposición que no se cumple. Este es un problema serio, estructural y difícil de resolver. Hay ejercicio ilegal de la medicina y de la farmacia que clama por mayor control. Todo esto constituye una severa desviación de la lógica con que se ha construido en nuestro país el manejo de los medicamentos, considerados como herramientas tremendamente positivas para la farmacoterapia en medicina.
Nuestro país sostiene como línea política: “Acceso universal y racional de las personas a medicamentos de calidad, seguridad y eficacia certificadas, costo asequible y cuyo uso racional lleve a obtener beneficios tanto en salud como en el gasto”. Este planteamiento ha sido de general aceptación, sin embargo, en la práctica no registra avances consistentes. Los sucesivos gobiernos y el Parlamento, con velocidades relativas, han impulsado políticas públicas inteligentes, cuya implementación, lamentablemente, no ha logrado transformar en resultados concretos los objetivos de cada una de ellas.
Chile tiene una dificultad esencial. Su dependencia del exterior en productos farmacéuticos terminados y en materias primas activas e inactivas para la elaboración local de los medicamentos. El país tomó una opción hace ya muchos años. Mientras países europeos, algunos de menor población y tamaño territorial que Chile, se decidieron por la investigación y el desarrollo en ciencias y tecnologías farmacéuticas, aquí se desestimó tal estrategia, sustituyendo la innovación por la imitación, que nos ha conducido a la dependencia. De esto no se sale fácil. No queda otra opción que aplicar políticas públicas talentosas, que es fundamental cumplir con decisión.
La mejor política pública de los últimos años ha sido el impulso a la intercambiabilidad de los medicamentos de síntesis química por sus equivalentes terapéuticos, mediante la determinación de la bioequivalencia. Se demuestra categóricamente que el comportamiento clínico del equivalente terapéutico es idéntico al del producto original o referente. Esta política ha tenido un avance parcial, privando a muchas personas del acceso a medicamentos de calidad y a precios asequibles.
Otras políticas formuladas y legalizadas, pero de avances poco significativos, son la Ley Cenabast, que intermedia la adquisición de medicamentos en envases clínicos para las farmacias privadas a precios muy razonables, y el fraccionamiento, legalizado y debidamente reglamentado, que permite que las personas adquieran las dosis que realmente necesitan sin pagar de más, evitando la automedicación y la autoprescripción, prácticas típicas en la conducta farmacofílica de los chilenos, que se generan justamente por el uso en terceros de los saldos adquiridos en exceso y que quedan en los veladores de las personas en sus hogares.
Destaco la interesante propuesta de la Fiscalía Nacional Económica que propuso la comercialización de los medicamentos en farmacias, por precios más que por marcas. Esta política no ha sido desestimada pero tampoco considerada. Estudios muestran que el gasto de bolsillo en medicamentos es alto como porcentaje del consumo de los hogares y es más alto que el promedio de los países de la OCDE. Este gasto cobra mayor relevancia en los quintiles de menores ingresos, partiendo por la clase media. En medicamentos no basta hacer algo. Hay mucho que hacer, en especial, posibilitar niveles de acceso a medicamentos de calidad a precios como los que resultan de la aplicación comprometida con políticas públicas legalmente en vigencia, y con otras, como la propuesta de la FNE que amerita una mejor consideración.
Las políticas públicas inteligentes son la mejor estrategia para nuestro país. La regulación de precios no parece una solución. Repasando historias pasadas aparecen el desabastecimiento, el contrabando, la falsificación, el mercado negro y la corrupción, que acompañaron tal medida. Me inclino por hacer cumplir, de una vez por todas y con rigor, las políticas públicas mencionadas, las que acompañadas de una necesaria educación a la comunidad nacional sobre el uso racional de los medicamentos, harían realidad el acceso de la población a productos farmacéuticos de calidad y a precios justos y asequibles.
