SEÑOR DIRECTOR:
El sistema carcelario en Chile enfrenta desafíos significativos que requieren atención urgente. Según datos de Gendarmería y el Ministerio de Justicia, la población penitenciaria supera las 50.000 personas, con una tasa de hacinamiento por sobre el 23% a nivel nacional.
Esta situación ha generado problemas graves, como motines e incidentes violentos, que han cobrado la vida de reclusos y la integridad física de gendarmes en los últimos años y daños graves a los establecimientos penitenciarios, incluso los más nuevos.
La ausencia de segregación adecuada de los internos según su peligrosidad y la deficiente categorización de los penales en función de sus mecanismos de seguridad y oferta programática, entre otras causas, son problemas que han facilitado la comunicación entre miembros de organizaciones criminales y la continuidad de sus actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
Además, la corrupción y el deficiente control en el ingreso de teléfonos celulares, chips y visitas han permitido que estos grupos mantengan vínculos con el exterior, dificultando los esfuerzos de rehabilitación y reinserción social para internos con mediana o baja peligrosidad que, por cierto, son insuficientes.
El otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios otorgados a internos vinculados a organizaciones criminales, genera cuestionamientos sobre la efectividad del sistema para contener y desarticular estas estructuras delictivas. Por ello, es imperativo fortalecer la investigación de la delincuencia organizada de este origen en el país mediante la creación de una policía penitenciaria profesional, disciplinada, no deliberante y dependiente del futuro Ministerio de Seguridad. Esto debe fomentar un mayor control y la eliminación de raíz de la corrupción que se ha instalado en algunos funcionarios, a veces invisibilizada o tolerada por sus propios gremios.
Además, es fundamental que el Estado priorice la creación de cárceles de alta seguridad especializadas, con medidas adecuadas para frenar la expansión del crimen y la comunicación de los internos con el exterior.
Con esta nueva infraestructura, deben implementarse mecanismos efectivos de segregación de internos, categorización de penales y control de las prisiones, todo ello acompañado de una decidida voluntad política de todos los sectores, para erradicar la corrupción y fortalecer la persecución penal y el control de la delincuencia organizada de origen carcelario.
Necesitamos voluntad ahora y tomar medidas decididas y claras para enfrentar esta frágil situación. Sin complejos, sin colores, sin temores. Pronto, muy pronto, puede ser demasiado tarde.
Luis Toledo
Director Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado
Universidad San Sebastián
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