Por Juan Francisco Cruz, Observatorio Judicial
La intervención de los senadores de oposición en la votación del juez Raúl Mera, refleja a cabalidad las dos visiones de la izquierda sobre el rol del Senado en el nombramiento de jueces. En ese sentido, aquellos que en un futuro aspiren a la Corte Suprema deberán memorizar lo siguiente: “Lo que estamos analizando si el rol, la orientación, la doctrina que debe tener un Poder Judicial y una Corte Suprema en estos tiempos encuentra un buen sustento y aporte en la persona que se presentado como candidato (…) uno está expresando como senador la doctrina que uno espera del Poder Judicial”. Estas fueron las palabras que el senador Alejandro Guillier enarboló para rechazar la nominación del juez Raúl Mera a la Corte Suprema.
Es más, para un conglomerado de senadores lo definitivo ya no es el mérito judicial, así lo manifestaron Alejandro Navarro (“No tengo ninguna observación a la persona de Raúl Mera ni a su trayectoria”), Pedro Araya (“Yo no voy a cuestionar hoy día lo que ha sido su trayectoria judicial”) y Alfonso de Urresti (“No cuestiono los méritos y no conviene hacer un debate sobre ello”). Pero, si no es el mérito judicial, entonces ¿cuál es el criterio para elegir? El senador Jaime Quintana bien se percató de ello al señalar: “…un senador que voto en contra decía: «no tengo ninguna objeción hacia su persona y trayectoria». Entonces ¿qué?”. Lo mismo nos preguntamos los ciudadanos.
Sin embargo, como indicó el senador Guillier, ahora los criterios de votación son “las doctrinas que uno espera del Poder Judicial”. Por supuesto, cada senador tiene la suya. Para la senadora Yasna Provoste es la equidad de género (“nuestro país necesita jueces y juezas que tengan una clara perspectiva de género”). Para el senador Juan Ignacio Latorre son las demandas populares (“El Senado de la República no es una academia judicial, y los senadores somos representantes populares. Uno como representante popular tiene que mirar en el contexto que estamos”). Para el senador Carlos Montes son las deudas en materia de justicia transicional (“Yo no soy juez ni abogado; soy senador, y a mí no se me olvida que la justicia chilena tiene pendiente muchas situaciones de derechos humanos, yo he resuelto pensando en los miles de detenidos desaparecidos”).
Incluso la verdad judicial establecida por los tribunales de la República carece de valor frente al parecer senatorial. En efecto, la senadora Ximena Órdenes indicó que en “el caso Los Queñes efectivamente tengo la convicción de que al menos los delitos de tortura y asesinato están (…) Yo tengo la convicción de que la justicia le falló a las víctimas de derechos humanos”. Ahora bien, al escuchar los argumentos esgrimidos por tales senadores para rechazar al magistrado Mera, es imposible no identificarse con la observación del senador Francisco Huenchumilla: “he escuchado detenidamente el debate de los señores senadores, y con todo respeto no he escuchado ningún argumento serio y objetivo para que el señor Mera no pudiera llegar a la Corte Suprema”.
Efectivamente, como expresó la senadora Ximena Rincón en la votación: “debo decidir en base a los hechos objetivos, tengo que apegarme al mandato que se me da”. Y ¿cuál es el mandato del Senado en el nombramiento de jueces? Como bien argumentó el senador Letelier es asegurar “un juez que falla sobre los hechos y los antecedentes”, porque “¡yo quiero una Corte Suprema imparcial!”. Efectivamente, es lo que todos los ciudadanos esperamos, ya que como manifestó el senador Jorge Pizarro: “sin duda lo que más puede garantizar la igualdad ante la ley son buenos jueces, y jueces que den garantías a todos y que apliquen la ley con apego a la justicia”.
En síntesis, existen dos posturas sobre el rol del Senado en el nombramiento de jueces. Por un lado, la incorrecta idea de que es una decisión “política”, donde el Senado debería velar que el juez adhiera una doctrina, represente una empatía, o bien, un parecer. Por otra parte, la postura política correcta, a saber, que la función republicana del Senado es cuidar la imparcialidad de los tribunales de justicia, asegurando que los candidatos tengan el mérito judicial, es decir, fallar conforme a la ley y los antecedentes del caso, por eso como expresó el senador Insulza: “Hoy no me toca decidir si el magistrado que se propone está conforme con mis convicciones políticas o filosóficas”.
