Por Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público
La semana recién pasada, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior señaló en La Tercera, en el contexto de la nueva Ley de Migraciones, que “poco ayuda la visión buenista de que nuestro país sea el centro de la rehabilitación de migrantes delincuentes, porque genera tensión entre nacionales y extranjeros”. No quisiera referirme al mensajero de dicha frase, sin embargo, creo que hay aspectos profundamente delicados en el contenido, justamente porque pueden profundizar tensiones entre nacionales y extranjeros sobre la base de argumentos infundados.
La falsa relación entre migración y delincuencia es algo que ya he tratado en este espacio. Es usada con frecuencia, homogeniza la diversidad de proyectos migratorios existentes en Chile y activa con facilidad sentimientos de división. Diversos estudios publicados durante este año, tanto en Chile como en el extranjero, reiteran una y otra vez que decir migración y delincuencia en una misma frase no tiene evidencia que lo respalde. Además, la autoridad realiza una asociación que es doblemente falsa (ninguna organización ha señalado eso y no existe la vinculación migración-delincuencia), dañando profundamente nuestra ya debilitada cohesión social.
La frase también asume una ilusión que nadie con algo de conocimiento de realidad de Chile podría tener. La situación carcelaria de nuestro país dista, tristemente, de ser un lugar que facilita la rehabilitación. De hecho, me costaría creer que existan actores dentro de la discusión migratoria que crean lo contrario. Así también lo han señalado diversos informes que sustentan esta situación. El informe anual sobre derechos humanos en Chile realizado por la Universidad Diego Portales el año 2018, el estudio sobre las condiciones carcelarias en Chile del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el informe llevado a cabo por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema revelan la realidad de hacinamiento, sobrepoblación, violencia y otras tantas deficiencias que degradan la calidad de vida y dignidad de las personas privadas de libertad. En Chile, la rehabilitación sigue siendo una tarea pendiente, independiente de la nacionalidad de quien esté privado de libertad.
Por último, la frase que cito al inicio de esta columna resume un espíritu que debemos evitar a toda costa: el desprecio y la caricatura hacia cualquier actor que es parte de la discusión pública. Somos muchas personas quienes creemos que la deliberación pública está en deuda, que las legítimas discrepancias deben sostenerse sobre argumentos sólidos y que el proceso constituyente establece un camino que permitirá articular una conversación sobre nuestro país que ha estado pendiente y de la cual deberán participar las distintas voces. Todo lo anterior es aún más apremiante y exigible en aquellos quienes desde el Estado deben cuidar nuestra República.
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