En las últimas semanas, diversos columnistas han mostrado su inquietud por la forma en que se ha enfrentado el cambio en el fenómeno migratorio ocurrido en el último tiempo causado principalmente por el cierre de fronteras para prevenir el contagio del Covid-19 y por el agravamiento de la crisis en Venezuela. Al respecto es necesario aclarar algunos puntos para evitar confusiones.
Una migración segura, ordenada y regular, pero por sobre todo responsable, es un objetivo compartido ya que mejora la relación entre nacionales y extranjeros, evitando el riesgo de afectar nuestra cohesión social en el largo plazo.
Más allá de la suspensión en la tramitación del proyecto de ley, durante la administración del gobierno anterior se comenzaron a ver los primeros signos de una migración que cambiaba. Entre 2014 y 2017, ingresaron 164 mil ciudadanos haitianos en calidad de turistas, los que permanecieron en el país para radicarse en Chile, la gran mayoría en irregularidad. A su vez, en el mismo periodo, 172 mil ciudadanos venezolanos optaron por el mismo camino. En definitiva, casi 590 mil personas migraron a nuestro país sin política migratoria que se hiciera cargo de ella. Fue recién en 2018 y 2019 que el actual gobierno, debió adoptar la decisión de poner visado consular de turismo a Haití y Venezuela.
La preocupación del actual gobierno por el orden migratorio ha incorporado la gestión de los trámites para quienes ya están en Chile. Previo al inicio del proceso de digitalización llevado adelante por el Departamento de Extranjería a partir de 2018, las filas presenciales superaban las 12 cuadras en las oficinas de San Antonio, donde todo trámite se realizaba en papel. Con una pandemia como la que ocurrió en 2020, hubiera sido imposible entregar un trato digno y efectivo a los migrantes, sin la digitalización y modernización.
La administración del Presidente Piñera se hizo cargo de este descontrol migratorio. Después de ocho años fue aprobada la Ley de Migraciones, que contempla cuatro cambios fundamentales:
1. El primero es pasar de una Ley de Extranjería a una Ley de Migraciones, donde el Estado promoverá los derechos de los extranjeros, así como también sus deberes y obligaciones.
2. El segundo, permite sincerar las razones por la cual los extranjeros se vienen al país, solicitando la visa de manera consular.
3. El tercero es la creación de una nueva institucionalidad, el Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales.
4. Por último, se facilita la expulsión administrativa para desincentivar el uso de pasos no habilitados.
También se realizó un proceso de regularización extraordinaria, donde más de 200 mil extranjeros regularizaron su situación migratoria.
Sobre el caso venezolano, la solidaridad de Chile se vio reflejada en cifras: desde el año 2018 a la fecha se han otorgado más de 55 mil Visas de Responsabilidad Democrática. Además, se han otorgado más de 240 mil permisos de residencia, encontrándose en trámite más de 60 mil solicitudes, con la vigencia de su cédula de identidad prorrogada.
Respecto a las expulsiones, es necesario ser claros. Toda persona que ingresa a nuestro país lo debe hacer de manera regular y someterse a nuestras normas. Aquellos que no lo hagan, podrán ser expulsados de Chile, luego de un debido proceso, penal o administrativo.
Más allá de columnas que pretenden atribuir intencionalidad política al desarrollo de políticas migratorias, creemos firmemente que todos los pasos dados por el actual gobierno apuntan justamente a una migración ordenada, segura y regular; requisitos esenciales para evitar que este provechoso proceso, para chilenos y extranjeros, sea percibido erróneamente por la población y ponga en riesgo nuestra cohesión social en el largo plazo.
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