Migraciones y COVID. Una relación peligrosa para el proyecto de Ley

Por Carolina Stefoni, académica del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor e investigadora asociada COES

Esta semana, el Ejecutivo puso urgencia al proyecto de Ley de migraciones. Se trata de un proyecto ingresado en abril de 2018 y discutido en el congreso con participación de organizaciones sociales y expertos en temas migratorios. Existe amplio consenso en que la ley actual -que data de 1975- fue superada por la realidad migratoria del siglo XXI. La envergadura de los movimientos migratorios y la centralidad de los derechos humanos requiere de una legislación que permita al Estado resguardar y promover el principio de igualdad de todos los habitantes del territorio independiente de su nacionalidad de origen, religión, género, color de piel, edad o etnia. La normativa internacional consagra por otra parte la soberanía que tienen los estados sobre sus fronteras, herramienta que permite gestionar los flujos de ingreso. Qué tanto abrir o cerrar las fronteras es materia de debate político, ético y académico.

Durante el estallido social de octubre, el proyecto de Ley pasó a segundo plano dadas la contingencia en materia social y demandas a nivel político e institucional. Sin embargo, la actual crisis sanitaria genera un escenario donde la migración una vez más corre el riesgo se ser utilizada para canalizar temores. Hay dos elementos que configuran un escenario poco auspicioso para el debate: la idea de que los “inmigrantes traen el coronavirus” y la idea de que, “frente a una crisis económica, Chile tiene que asegurar primero los puestos de trabajo para los chilenos”. Ambas afirmaciones dan cuenta de racismo, una creciente xenofobia al extranjero y el posible regreso de un riesgoso nacionalismo.

Somos testigos de múltiples formas de discriminación hacia quienes están en contacto con el virus (por ejemplo, hacia el personal de salud), pero la situación toma un cariz distinto en el contexto migratorio, pues ese temor puede traducirse en rechazo, aislamiento, expulsión y –tal como hemos visto en algunos políticos últimamente- en argumento para cerrar la frontera a la inmigración.

Por otra parte, pensar que el Estado debe resguardar trabajo de los nacionales por sobre el de extranjeros, devela un profundo desconocimiento sobre el rol que juega la migración en el desarrollo del país. Los inmigrantes han sido y seguirán siendo parte del crecimiento de Chile. Tienen una gran capacidad de generación de empleo (basta ver la cantidad de negocios y emprendimientos de los que son protagonistas), son un recurso humano calificado, lo que se refleja en el gran número de profesionales de la salud que se han apuntado para ir a trabajar a hospitales a lo largo de Chile, y dinamiza sectores de la economía que habían estado aletargados. Pero más importante aún, son ciudadanos del país, y en cuanto tales le asisten los mismos derechos que a los locales.

La última discusión del proyecto de Ley no puede tener a la vista la relación Covid-19 y migración, ya que los inmigrantes obviamente no traen el virus y la ley no puede ser pensada como herramienta para el cierre de fronteras. Lo que sin duda se debe recordar es que la Ley de migraciones debe asegurar el principio de igualdad, debe establecer mecanismos idóneos para la inclusión de la población migrante en igualdad de condiciones y debe garantizar que las personas se encuentren en condición regular en el país. Este último punto es clave ya que no existe país en el mundo que no tenga un porcentaje de irregularidad, y frente a ello se debe contar con mecanismos que promuevan la regularización, primer paso para la protección de los derechos.