Modernización del Consejo de Defensa del Estado

Por Francisco Orrego y Juan Pablo Olmedo, abogados

El Ejecutivo ingresó a tramite legislativo el proyecto que moderniza el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que tiene más de 120 años de trayectoria. Aunque su presentación pasó algo desapercibida para la opinión pública, se trata de una propuesta de reforma largamente esperada.

No olvidemos que la autonomía e independencia de este organismo fue duramente cuestionada hace algunos años, tanto por la selección política de algunos consejeros como por la parcialidad con que asumió la persecución penal en contra de un determinado sector político. Este proyecto no solo presenta la oportunidad de revisar aspectos orgánicos del CDE, sino que también de hacer una revisión y proyección sobre su institucionalidad con una mirada de largo plazo, revisando sus atribuciones y competencias, modelo de gestión, entre otros.

Es así como el mensaje presidencial propone mejoras a la institucionalidad del CDE y la abogacía estatal. Entre otras, la profesionalización de los abogados consejeros mediante un límite de edad de 75 años y la intervención en su nombramiento del Consejo para la Alta Dirección Pública para concurso público y propuesta de quina al Presidente de la República. Tales consejeros así como los abogados procuradores fiscales deberán dedicarse de forma prioritaria a la función pública.

En materia de transparencia se consagra el Código de Ética del CDE como vinculante para todos los funcionarios del CDE y se establece un Comité de Ética que se integra además por el Presidente del Colegio de Abogados y cuya función es la de realizar recomendaciones generales sobre integridad profesional y de promover programas de capacitación de la abogacía estatal.

Tales innovaciones de certeza y profesionalización y estándar de conducta son acompañadas de un estatuto de integridad para el cumplimiento de los deberes de abstención que rige para los consejeros y abogados del Estado, una vez cesados en la función pública de patrocinio de intereses contrapuestos y que otorga competencia penal y sanción de multa para asegurar su cumplimiento.

El proyecto de ley es un punto de partida inicial para generar una amplia discusión sobre el rol del CDE y la abogacía estatal, que será objeto de mejoras. Entre ellas, aspectos sustantivos para fortalecer el principio de transparencia de las competencias del Comité de Ética para velar por la probidad de la función pública de los abogados del Consejo y de rendición de cuenta, entre otros. Especial atención deberá ponerse, por último, en el excesivo plazo para la implementación del nuevo mecanismo de nombramiento de los abogados consejeros, que supone un retiro parcial y progresivo individual de quienes ejercen hoy el cargo en función de la antigüedad.

Es de esperar que el debate y los aportes que se puedan hacer en el Congreso para enriquecer el proyecto, sean serios y responsables y con altura de miras.