Monopolios naturales y el rol del estado

Cuando existe una necesidad colectiva por satisfacer, como es el uso de agua potable, energía eléctrica y servicios básicos, surge la existencia de monopolios naturales. Esto se explica porque al existir una sola empresa que provea el servicio en una localidad, se obtienen economías de escala derivadas de los menores costos marginales asociados a su operación.

Lo anterior impacta definitivamente en un menor precio final para el usuario, que siempre es menor al que se cobraría si existieran más empresas operando en esta misma localidad suministrando el servicio, esto por los altos costos e inversiones en infraestructura y tecnología en que se incurriría para que opere más de una empresa, encareciendo así el servicio. Antiguamente, el estado suministraba directamente estos servicios y a su vez fiscalizaba la misma actividad, siendo juez y parte, generándose ineficiencias, mala calidad de los servicios y déficit fiscales.

El traspaso de esta actividad a privados mediante concesiones, corrigió el suministro y la eficiencia, quedando entonces definido el rol del estado como agente regulador, normativo, fiscalizador y esencialmente subsidiario facilitar el acceso, además de velar por sistemas de tarificación adecuados. Sin embargo, la lamentable experiencia del caso de suministro de agua potable en la ciudad de Osorno en las últimas semanas, dejó entrever la necesidad imperante de parte del estado de monitorear a los organismos reguladores especializados con miras a efectuar las modernizaciones correspondientes.

Lo anterior permitiría disminuir la burocracia, mejorar la eficiencia y gestión de los procesos de estos agentes fiscalizadores, pues el rol de ellos, es velar por que si se ha concedido una concesión que implica el otorgamiento de un derecho para proveer un servicio a la comunidad que no cumple con los estándares adecuados y las obligaciones estipuladas, se debe imponer sanciones efectivas o simplemente hacer caducar estos privilegios, custodiando siempre mantener la continuidad del servicio maximizando el bienestar de la sociedad. Esto implica que las responsabilidades ante la presencia de ineficiencias como las ya conocidas, son compartidas entre los agentes públicos y privados involucrados, que en su afán por maximizar sus propios intereses, deben siempre considerar como premisa fundamental minimizar los costos sociales que generan potenciales episodios como el acontecido.