Por Ximena Gauché, abogada; académica Universidad de Concepción
En febrero de 2021 por primera vez una mujer ejerció la presidencia de la Corte Suprema, cuando Andrea Muñoz Sánchez, ministra encargada de los asuntos de género en el máximo tribunal, remplazó al titular.
Aun cuando se trata de un hecho circunstancial, merece un lugar en la historia y bien vale relevarlo a propósito del Día Internacional de la Mujer y del proceso constituyente.
En febrero de 2015, la Corte Suprema aprobó una propuesta de trabajo con el objeto de incorporar la perspectiva de género. Dicha propuesta consideró la elaboración de un diagnóstico, desde el que se proyectó una política institucional aprobada en febrero de 2018 y se creó la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
De ahí en adelante, diversas iniciativas, tales como el “Cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias” o el “Protocolo de actuación para garantizar el ejercicio del derecho a la identidad de género de personas integrantes del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa”, dan cuenta de una voluntad formal decidida de avances.
En 2020, en tanto, se establecieron protocolos de atención para acceder a los mecanismos de recepción de denuncias de violencia intrafamiliar y de violencia de género, y se han dado medidas para incorporar los requerimientos de aplicación judicial de medidas de protección a niños, niñas y adolescentes, para dar resguardo a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria.
El trabajo institucional del Poder Judicial chileno se inscribe, a su vez, en lo que vienen realizando otros poderes judiciales en Latinoamérica como parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Estos logros deben ser aplaudidos cuando recordamos la histórica situación de exclusión de mujeres de todas las identidades. Sin embargo, además del aplauso, es importante dar otra mirada a los avances formales, con el fin de favorecer que, desde la visibilización de las deudas aún presentes, se profundicen los cambios.
Existe en 2021 un contexto social y ciudadano marcado por constantes demandas, acciones y movimientos ciudadanos en torno al abordaje por tribunales de justicia de las causas que involucran a mujeres y personas LGBTI, especialmente las referidas a violencia. Ello se evidencia en la serie de movimientos de alcance global que han tenido un correlato en Chile, tales como el MeToo, Vivas nos queremos, Ni una menos, Un violador en tu camino u otros. También, con el impacto que en redes sociales y medios han tenido hechos de violencia conocidos por tribunales.
Los obstáculos en el acceso a la justicia que reclaman mujeres y personas LGBTI son, en cualquier caso, una proyección a nivel nacional de la permanencia de concepciones estereotipadas sobre muchas personas y sus roles en la sociedad. Esto es así a pesar de la aprobación y entrada en vigor de instrumentos internacionales que buscan promover y proteger derechos y favorecer el término de la discriminación y violencia que afecta a ciertos grupos.
Desde otra mirada, también hay que ser conscientes que “una golondrina no hace verano”. Si bien el año 2021 arranca judicialmente con la presidencia de mujeres en varias Cortes de Apelaciones, aún estamos lejos de lograr la paridad en el mundo judicial. Misma realidad, por cierto, que ocurre en los cargos de más responsabilidad en empresas, gobiernos o universidades.
Ante la realidad, el proceso constituyente es una oportunidad para una discusión con perspectiva de género de nuestro sistema de justicia en los distintos aspectos de regulación constitucional que pueden favorecer cambios en la institucionalidad y mejoras para mujeres y personas de todas las identidades en su legítima demanda de justicia.
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