Museo de La Memoria

La primera vez que aparecí en un medio de comunicación fue en la portada de este diario, el 12 de abril de 1989. En la fotografía está el subteniente Mario Desbordes (20 años), de pie y de uniforme, y en el suelo yace asesinado un joven oficial de apenas 23 años. Su asesino, miembro del FMR, oficial remunerado del ejército cubano (¡agente del Estado!), en entrevista a reportajes de La Tercera hace un par de años, señaló que no tenía arrepentimiento alguno por haber quitado la vida a mi amigo, que dejó una viuda y un hijo de 1 año.

Al margen de las duras críticas del exministro de Cultura al Museo de la Memoria, he planteado que dicho Museo presenta una visión sesgada de la historia, pese a que se trata de una obra que, con recursos de todos los chilenos, se erige como la visión oficial de los hechos. Podríamos discutir sobre el inicio de la lógica del odio que adoptaron de manera oficial partidos políticos que actualmente dictan cátedra sobre democracia. Pero hoy, simplemente planteo que el Museo, tal como dice su nombre, busque mantener la memoria para evitar que Chile repita lo sucedido en ese período.

Lo que pido es que, por un lado, reconozcamos que al mismo tiempo que se atentaba contra esas personas, hubo víctimas inocentes que fueron asesinadas por razones ideológicas.

Quienes se oponen esgrimen:

1) Que en el objeto del Museo caben sólo las víctimas de violaciones de DDHH. Eso es una simple convención, un acuerdo (hoy inexistente) que puede ser modificado. 2) Las violaciones a los DDHH son más graves que la violencia política. No lo discuto, solo hago presente que el terrorismo no es un delito común, y que universalmente se le ha asignado máxima gravedad. 3) Se pretende que los caídos a manos del FMR, el Lautaro o el MIR fueron víctimas del ejercicio al derecho de rebelión. Efectivamente hay derecho a rebelarse contra una dictadura, pero ese derecho es respecto de quienes buscan recuperar la libertad y, obviamente, no asiste a quienes pretenden instaurar otro tipo de dictadura.

El propio informe Rettig señala que para sus efectos "se entenderá por graves violaciones (a los DDHH ) las situaciones (...) en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes (…), como asimismo (…) atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos". ¿Será posible que esas otras víctimas tengan el mismo derecho a la memoria que se les ha dado a quienes hoy se recuerda allí?