Por Rolf Lüders, economista
Estamos a un poco más de una semana del plebiscito constitucional. La actual Constitución -inspirada en el ideal de la libertad, que garantiza sin ambigüedad el derecho de propiedad, y que norma ciertas instituciones como el Banco Central autónomo y la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia fiscal- permitió que en materia económico-social el país se destacara claramente de los demás de la región.
Entre los que desean una nueva Constitución se encuentran los que estiman que la actual es ilegítima en su origen y también hay otros que pretenden se enmiende aspectos específicos de ella. Pero no faltan aquellos que pretenden refundar la organización socio-política del país, reemplazando nuestra democracia representativa y su correspondiente economía social de mercado, por un régimen totalitario.
Entre todos los anteriores, hay muchos que buscan enterrar lo que denominan el modelo neoliberal chileno, que sería una versión extrema del mismo, sustentado en la actual Constitución. La expresión más emblemática de este neoliberalismo sería la provisión privada y con fines de lucro, de bienes como la educación y la salud.
La realidad no se condice con lo que esos detractores sostienen. La Constitución actual -inspirada en el ideal de una sociedad de libertades- no define un modelo económico-social específico, sino permite la existencia de una amplísima variedad de ellos. Modelos como aquellos de los países nórdicos; Nueva Zelanda y Australia son perfectamente compatibles con los dictados de nuestra Constitución, tal como también lo son los de Ecuador o Costa Rica, por ejemplo.
Y en el caso específico de la provisión de los servicios sociales, la Constitución -coherentemente con la noción de libertad de elección- permite que estos sean generados por entes públicos y privados, con o sin fines de lucro. Dado ese amplísimo marco se han implementado sistemas que, en parte por motivos de eficiencia, permiten -en el ámbito de una regulación estatal relativamente detallada y estricta- la oferta de educación y salud de carácter mixta y competitiva, de tal manera que ofrece a los ciudadanos la opción de elegir entre diferentes proveedores. Este arreglo institucional es efectivamente distinto de aquél existente en muchos otros países, pero de extremo no tiene absolutamente nada.
En resumen, si se desea reformar el actual sistema socio-económico chileno, no es necesario cambiar la actual Constitución, a menos que se pretenda migrar hacia una economía centralizada. La delegación de la oferta de algunos de los servicios sociales provistos por el Estado al sector privado es novedosa, pero en absoluto extremada. No hay que olvidar que es el Estado el que -por intermedio de la regulación- todavía pone en Chile la música en materia de servicios como la educación y la salud.
