Por Diego Urrejola, director ejecutivo de Fundación Cosmos
Durante los últimos años, el debate sobre el uso del agua y sus derechos ha tomado gran preponderancia en la opinión pública. Por décadas, la lógica de uso a través del otorgamiento de derechos de agua ha establecido un acceso desigual al recurso, lo que se ha agravado en territorios afectados por la sequía.
Lo anterior no responde únicamente a una “mala práctica de unos frente a otros”, en la que el agua es considerada un insumo más en la cadena productiva. Más bien, esta realidad está anclada en la aproximación que el Estado de Chile históricamente ha tenido hacia al recurso hídrico y, por consiguiente, en la relación utilitaria que la sociedad ha construido con su entorno natural, en especial con el agua que debería ser el punto de partida de nuestra propia existencia. Hoy el agua es considerada solo como un bien (un derecho real de uso y goce) habilitador del desarrollo de infraestructura y de la productividad, cuando puede ser –y en efecto es- mucho más. Solo en este contexto, se entiende que la institución a cargo del agua, la Dirección General de Aguas, sea hoy un organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
En el Día Mundial del Agua que se conmemora este 22 de marzo, y a propósito del debate constitucional que iniciará nuestro país en los próximos meses, consideramos que la visión actual del agua en Chile como un bien nacional de uso público, cuyo uso y goce es exclusivo de los tenedores de derechos, resulta -a todas luces- insuficiente. Debemos aprovechar este momento para repensar la forma en que entendemos el agua, motivar un cambio cultural e ir más allá de su carácter de recurso estratégico relevante, especialmente en el contexto actual de cambio climático: el agua construye sociedad.
En nuestro país, los desafíos para lograr un uso adecuado del agua son enormes. No solamente debemos fomentar un uso racional del agua entre los consumidores frente a la escasez que presentan -por ejemplo- las regiones Metropolitana, Atacama y Coquimbo (la mayoría de los embalses de esta última registran apenas un 35% de su capacidad total, según un informe de la Dirección General de Aguas), sino que también es preciso avanzar en una mirada estratégica a nivel estatal, que reconozca el agua como un modelador del territorio. Debe tenerse en cuenta que el agua incide directamente en la sostenibilidad de ecosistemas, muchos de ellos frágiles y con enorme biodiversidad de flora y fauna como los humedales urbanos, y considerarla como un factor clave en la forma en que hacemos ciudad y compatibilizamos el desarrollo, social, ambiental y económico de las comunidades.
Esto nos debe impulsar, en último término, a pensar Chile no solo como una larga franja de tierra donde las aguas se usan para hacerla productiva, sino como un mosaico de ecosistemas capaces de entregar distintos servicios ambientales según sus características; un mosaico en el que los ríos nacen en la cordillera y dan vida a nuestras cuencas hidrográficas para llegar finalmente al mar y nutrir la biodiversidad marina. Chile es un país cuyos territorios moldeados por el agua convocan y sustentan la vida en sociedad y en convivencia con los ecosistemas que nos rodean.
Tomando en cuenta lo anterior, consideramos indispensable idear un proceso estratégico de planificación de agua en el largo plazo, como un elemento integrador de la vida en común, tanto para la subsistencia de las personas como para el desarrollo productivo responsable y sostenible. Sin duda es un tema complejo que involucra varios niveles y actores, y que actualmente presenta importantes falencias que llegan incluso a un nivel conceptual. En ese sentido, uno de los desafíos más relevantes es poder determinar cómo, en un escenario de cambio climático, entendemos el agua como sociedad en el marco de la nueva Constitución, para aspirar a navegar en aguas cada vez más abundantes en las próximas décadas.
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