Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
El trabajo infantil es uno de los factores que puede llevar a niños, niñas y adolescentes (NNA) a la exclusión escolar, un asunto de la mayor gravedad que hoy va en aumento en nuestro país y nos debe poner en alerta.
En efecto, el cierre de las escuelas en los momentos más álgidos de la crisis sanitaria y la dificultad para el desarrollo del aprendizaje virtual, han reducido el acceso a una educación de calidad, agudizando las vulnerabilidades previas y afectando, especialmente, a las niñas. Esto último, debido a un factor menos visibilizado: el incremento de las responsabilidades domésticas y de cuidado y el embarazo adolescente (ComunidadMujer, 2021).
Sobre las tareas domésticas, aun cuando son recomendables para educar a NNA y prepararlos para la vida adulta, también pueden ser negativas cuando se involucran actividades, lugares y materiales peligrosos, cargas muy pesadas o superan las 21 horas semanales, es decir, más de media jornada (OIT, Mintrab). Nos faltan estadísticas actualizadas, ya que solo contamos con la ENUT 2015 y la EANNA 2012, pero sabemos que gran parte de NNA entre 5 y 17 años realiza este tipo de labores (87,8%) y que la mayor carga se las llevan ellas.
Por otro lado, entre las y los adolescentes de 15 a 17 años que no asisten a ningún establecimiento educativo, un 13,8% lo hace por “embarazo, maternidad o paternidad”: 24,8% de las mujeres y 1,5% de los hombres (Casen 2017). La división sexual del trabajo en su máxima expresión, con consecuencias que pueden ser analizadas en cada una de las etapas del ciclo de vida de las mujeres.
Así, desde múltiples aristas, generación tras generación, los cuidados y la falta de corresponsabilidad parental y social están a la base de las desigualdades que enfrentan las mujeres. Estamos ante un tema que debe ser abordado desde la política pública y por el próximo gobierno, que se ha comprometido a que las escuelas sean “las primeras en abrir y las últimas en cerrar”, así como a impulsar un Sistema Nacional de Cuidados. Sin perjuicio de esto, los cuidados deben ser parte también de la discusión constitucional.
Reconocer, reducir y redistribuir las labores de cuidado no remuneradas es lo correcto de hacer. Constitucionalizar el derecho a los cuidados -en sus tres dimensiones: a cuidar, a ser cuidado/a y al autocuidado- asegurará que no dependa del gobierno o del Congreso de turno, sino que sea un deber del Estado, y así generar un mandato para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, bajo el principio de la corresponsabilidad social. Por eso, desde ComunidadMujer y el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado impulsamos la iniciativa popular de norma N° 9.638 sobre el “Derecho a los cuidados”, la cual llamamos a apoyar.
Es difícil pensar en otro cambio que logre, en sí mismo, transformaciones tan profundas y duraderas hacia la tan necesaria igualdad de género. Porque no hay una suma cero entre los derechos a la educación, al trabajo y a los cuidados.
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