No basta con ideas bonitas

SEÑOR DIRECTOR

A raíz de que la Ley 21.091 establece que las instituciones adscritas a la gratuidad deben hacerse cargo del 50% del arancel del primer año de atraso de cada alumno beneficiado, los rectores Peña y Saavedra dieron a conocer una propuesta que busca aumentar la cobertura más allá de la duración formal de los estudios, en función del promedio de sobreduración de los países OCDE.

A primera vista surgen ciertas consideraciones metodológicas, pues no se hacen cargo de las diferencias curriculares como, por ejemplo, la duración nominal de las carreras de los diferentes países. Comparar los promedios de sobreduración puede ser un buen indicador para nuestras políticas, pero difícilmente una determinante del financiamiento que entregue el Estado.

Por otro lado, aumentar la gratuidad por los años de atraso genera un desincentivo para los estudiantes que acceden a ella, pues no terminar a tiempo no les traería mayores consecuencias. Tampoco se hace cargo del problema de fondo y no es claro que extender la cobertura lo solucione. Además, desde un punto de vista financiero se hace inviable. Que la gratuidad solo se entregue por la duración nominal es lo que la hace más tolerable.

La discusión que estamos evitando tiene que ver en cómo comprendemos la educación superior y quiénes se hacen parte de su financiamiento. Una combinación de aportes de las familias y fondos del Estado es sustentable y comprende los beneficios de la educación terciaria. En ese sentido, las propuestas deben ir en la vía de facilitar a las familias y estudiantes el acceso a créditos blandos, para que su aporte no termine siendo una carga para ellas.

Magdalena Vergara V.

Directora ejecutiva de Acción Educar