No den la espalda al Poder Judicial

El país, semana a semana, sigue sorprendiéndose con nuevas noticias, filtraciones, allanamientos y hechos que emanan del caso “Audios”, con el agravante que involucran de manera incremental a integrantes de la magistratura, por su presunta implicancia en la eventual comisión de delitos en el proceso de nombramientos en el Poder Judicial. Lo anterior, pone de relieve la urgente necesidad de acometer una reforma constitucional y crear un órgano autónomo encargado de nombrar magistradas y magistrados.

Existe un transversal consenso, incluida la propia Corte Suprema, que el actual sistema de nombramientos debe ser corregido y perfeccionado a la brevedad, pues permite espacios de opacidad, cooptación, tráfico de influencias, presiones indebidas de naturaleza interna y externa, así como actos de corrupción durante el proceso de selección, luego, en la etapa de designación de magistrados y posteriormente en la promoción de los mismos.

Es necesario recordar que, en octubre de 2024, el gobierno ingresó al Congreso un proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. La referida propuesta sin duda representa un avance significativo hacia la mejora de la independencia y la transparencia en el sistema judicial chileno, y felizmente recoge el consenso alcanzado en los últimos años sobre la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de aquellas administrativas y de gestión -hoy ambas en poder de la Corte Suprema- permitiendo así resguardar la independencia de todo juez o jueza de la República. En efecto, la iniciativa propende a la creación de un órgano autónomo para el gobierno judicial, así como a la implementación de un sistema basado en el mérito y capacidades, tanto para los nombramientos como para avanzar en la carrera judicial, lo que contribuye a una selección más justa y profesional de las y los magistrados, además de establecer mecanismos para gestionar conflictos de interés.

El proyecto pone un adecuado foco en resguardar la independencia externa del sistema judicial, al establecer un sistema de administración y nombramientos desconcentrados, que propende a un sano equilibrio de poderes que dificulta la intervención o captura “extra muros” del sistema judicial, asegurando un sistema de pesos y contrapesos frente a todo tipo de influencias.

Con miras a reducir el riesgo de conflictos de interés en el sistema judicial, la iniciativa establece que la función jurisdiccional será siempre ejercida por jueces legalmente investidos como tales, eliminando de paso la figura de los abogados integrantes.

El proyecto reconoce la necesidad de sustraer de las cortes las facultades de administración de los tribunales y, en general, de todos los aspectos vinculados a la carrera judicial, incluida, la responsabilidad disciplinaria, razón por la cual se propone la creación de un órgano autónomo encargado de la administración y gestión de los recursos de todos los tribunales de la nación, con algunas excepciones, el que estará sujeto a rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República.

Como toda propuesta legislativa, deberá ser debatida y desde luego podrá ser perfeccionada durante su tramitación, por ejemplo, incorporando la participación de las facultades de Derecho de todas las universidades acreditadas en la designación del representante académico en el Consejo de Nombramientos Judiciales, corrigiendo el texto del proyecto que encomienda exclusivamente dicha nominación a las universidades adscritas al Consejo de Rectores.

La última encuesta OCDE sobre “Factores de Confianza en Instituciones Públicas” desnuda dramáticamente los bajos índices de confianza que registra el sistema de justicia chileno, en comparación con el promedio de los países OCDE. Las cifras dan cuenta que mientras entre los países de la OCDE, en promedio, el 54% de la población tiene una alta o moderada confianza en la justicia, en Chile ese porcentaje no supera el 25%. Estos 29 puntos de diferencia son la mayor brecha en todo el informe. Lo anterior, se condice con recientes sondeos efectuados por encuestadoras nacionales, entre ellas Cadem, cuyos resultados arrojan que un 90% de los consultados se declara insatisfecho con el funcionamiento del Poder Judicial.

Es el momento de recuperar la confianza pública en la justicia y de velar por el buen funcionamiento del Poder Judicial. Ahora es cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben trabajar por devolver la credibilidad y el prestigio a otro poder del Estado en cuya base radica el Estado de Derecho.

Por ello, el Gobierno y el Congreso tienen la obligación ética y política de actuar, y de actuar rápido, con visión de Estado y acorde al principio de responsabilidad pública. ¿Cómo? El gobierno debe renovar la suma urgencia a la reforma del sistema de nombramientos judiciales; en tanto los parlamentarios -integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados- a la vuelta de la semana distrital, deben retomar y despachar esta fundamental iniciativa, para que pueda seguir adelante en su camino legislativo.

El momento por el que atraviesa el Poder Judicial debe ser una voz de alerta para llevar a cabo cambios profundos que lo fortalezcan, debiendo por ello, anteponerse esta reforma a otras, quizá ya comprometidas o más llamativas, toda vez que, finalmente, lo que está en juego es el Estado de Derecho, nuestra democracia, y particularmente, el importante rol que la justicia debe desempeñar.

Por Neftalí Carabantes, ex subsecretario general de gobierno y académico U. Central