No en mi barrio

Los vecinos en el sector de la rotonda Atenas, en la comuna de Las Condes, manifestaron, con rostro descubierto y sin eufemismos, su escozor por el anuncio del alcalde Lavín de impulsar en su barrio la construcción de un edificio con viviendas subsidiadas. Pero las manifestaciones contra políticas que pretenden reducir la segregación social en nuestra capital no son nuevas. Durante 2003, otros vecinos, esta vez en la bucólica comunidad ecológica de Peñalolén, ocuparon el municipio como señal de rechazo a un proyecto similar.

La segregación urbana no solo está mal, también nos hace mal. Porque las ciudades fragmentadas son menos productivas. Los tiempos de traslado aumentan, las alternativas laborales se reducen, la interacción virtuosa entre empresas y proveedores se limita. Además, se inhibe la innovación, que nace de la diversidad. Por último, desde el frío presupuesto, cuando ofrecemos mejores oportunidades a los más pobres, la sociedad libera recursos que hoy debemos destinar a la pobreza y sus consecuencias.

Este caso ilustra un problema habitual de las políticas urbanas: la tensión entre costos locales y beneficios globales. Los alcaldes, naturalmente, responden a los vecinos, no a la ciudad. Someten a votación local proyectos necesarios como un todo, garantizando su rechazo. Y en nuestras ciudades, fragmentadas territorial e institucionalmente, el problema se exacerba.

La OCDE reporta en su estudio del 2014, "Qué hace a las ciudades más productivas", que un área con el doble de municipalidades está asociada con un 6% de menor productividad. En la Región Metropolitana hay 52 comunas. Además, la inadecuada coordinación entre autoridades impide políticas con una mirada global. Por ejemplo, el impacto urbano del Metro se potencia si se complementa con estacionamientos adecuados, incentivando traslados en auto más cortos al combinar modos de transporte. Pero la definición sobre esta materia es facultad municipal, que usualmente acaba imponiendo proyectos propios incoherentes con la expansión del tren subterráneo.

Hoy el gobierno es incapaz de asumir adecuadamente los desafíos para la comunidad que acompañan al desarrollo económico. Una autoridad urbana de mayor escala, que coordine a las distintas instituciones en todos sus niveles, facilitaría que la ciudad sea un espacio igualador de oportunidades y promovería políticas que enfrenten, entre otros, los retos crecientes de congestión y densidad. Ello permitiría reducir nuestras brechas sociales, promoviendo una ciudad más justa, y de paso más productiva.