SEÑOR DIRECTOR:
Llevamos años debatiendo si procede condonar las deudas del CAE. Sus defensores no se interesan mucho por los datos y no se apartan de una sola premisa: la educación superior debe ser gratuita y, por lo tanto, es injusto cobrar por ella. Poco importa que se subsidie el crédito con topes de pago, que los egresados universitarios gocen de una razonable empleabilidad e ingresos, y que lo que de verdad es injusto es que la condonación reste cuantiosos recursos más urgentes para la educación pública escolar e infantil.
Con todo, aunque Chile exhibe un sistema universitario que ha avanzado en equidad y calidad está atrasado en extensión y pertinencia en varias carreras y exhibe altos índices de deserción. Solo el 15% de los estudiantes de pregrado se titula en la duración oficial de su carrera, no más del 60% lo hace en los tres años siguientes, y un 35% abandona sus estudios; el peor rendimiento entre los países de la OCDE. Además, muchas veces es poco pertinente lo que se enseña a la luz de un mercado laboral que demanda nuevas habilidades y competencias; desde luego, en lo concerniente a los desafíos de la inteligencia artificial y las innovaciones en tecnología robótica, digital y computacional.
¿Tiene esto que ver con las deudas? Claro que sí. Programas de pregrado más cortos, dejando espacios para la especialización al postgrado y con un foco en una formación más integral e interdisciplinaria de cara a las transformaciones en el mercado del trabajo, ayudaría a bajar las tasas de abandono y de paso las necesidades de endeudamiento y de copago de las familias para aquellos estudiantes que no acceden a la gratuidad. Y como la modernización de la enseñanza de pregrado demanda nueva inteligencia es preciso renovar las plantas académicas que han caído en la obsolescencia con el paso del tiempo.
Y sobre financiamiento, ya está claro que para mantener abiertas las puertas de acceso para estudiantes vulnerables es ineludible mantener un sistema de préstamos con subsidio a la tasa de interés, pagos máximos contingentes al ingreso laboral y descuento por planilla para asegurar la recuperación. Pero, además, cuidado con coartar la principal fuente de financiamiento, los aranceles, y, por ello, cualquier intento de fijación de precios-como ha trascendido que se estudia- arriesga poner freno al único respaldo económico en universidades privadas que sostienen buena parte de la admisión y que no cuentan con aportes basales del Estado.
Carlos Williamson
Clapes UC
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