Hace un mes, en la madrugada del 2 de febrero, miles de familias de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana vivieron una noche de terror. El infierno pareció dejarse caer sobre sus casas y el fuego arrasaba con todo. Hasta hoy, el Servicio Médico Legal ha identificado 134 cadáveres, varios de ellos calcinados, que fueron encontrados en sus viviendas, tirados en las calles y alguno al interior de su automóvil luego de un desesperado intento de escapar de las llamas. La mayoría de los fallecidos tiene como causa de muerte la intoxicación por inhalación de humo y entre ellos predominan personas de la tercera edad y hay también algunos niños.
Adicionalmente, un número indeterminado de personas se encuentran desaparecidas. Se contabilizaron 60 mil personas afectadas por la destrucción de más de 15 mil viviendas. Toda esta gente: muertos, lesionados y damnificados enfrentaron este drama sin orientación, confundidos, indefensos. Las alarmas fallaron, nadie dirigió la evacuación. Tal fue el desconcierto gubernamental que el Presidente Boric, enterado de los incendios, programó una reunión de autoridades para el día siguiente a las ocho de la mañana. A las pocas horas debió adelantarla frente la gravedad de la situación.
Las autoridades locales encargadas: gobernador regional, delegada presidencial, alcaldesa de Viña del Mar, parecían no seguir un plan, no hubo una cadena de mando y la confusión fue total. Que el gobernador haya destacado como activista político, la delegada presidencial sea kinesióloga y la alcaldesa se haya dedicado antes a ser DJ puede tener algo que ver. Indigna la total falta de respuesta de las autoridades, que se ven a sí mismas como víctimas de la situación, no las llamadas a resolverla. A un mes de los hechos todos permanecen en sus puestos, no hay responsables políticos. La alcaldesa Ripamonti, escudada tras la banalidad del Festival de Viña del Mar, levanta frente a las cámaras un cartel pidiendo una ley de incendios, en circunstancias que ha trascendido que su municipio no tenía aprobado un plan de emergencia y evacuación (obligatorio) y que despidió a gran parte de los funcionarios a cargo de esas labores cuando asumió el cargo. Expertos en alegar, ineptos en hacer.
Así las cosas, las familias afectadas no han podido siquiera hacer un duelo por la horrible muerte de sus parientes. Asisten a un proceso de reconstrucción que parece no tener pies ni cabeza, donde se nombran “ministras coordinadoras”, denominación que no alcanza a esconder a candidatas encubiertas a próximas elecciones, que no tienen rol efectivo alguno más allá de sacarse fotos entregando ayuda. Al cumplirse un mes de esta tragedia y con una agenda mediática que ya desplazó su drama, mostremos algo de empatía con chilenos honestos y modestos a quienes sus autoridades han abandonado. No es normal un gobierno tan incompetente.
Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
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